Washington — Un juez federal ordenó al Departamento de Salud de Estados Unidos que deje de dar a los funcionarios de deportación acceso a la información personal —incluidas las direcciones particulares— de los 79 millones de afiliados a Medicaid.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos entregó por primera vez los datos personales de millones de afiliados a Medicaid en un puñado de estados en junio. Después de que un informe de The Associated Press identificara la nueva política, 20 estados presentaron una demanda para detener su implementación.

En julio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid celebraron un nuevo acuerdo que daba al Departamento de Seguridad Nacional acceso diario para ver los datos personales —incluidos los números de la Seguridad Social y la dirección particular— de los 79 millones de afiliados a Medicaid en todo el país. Ninguno de los dos acuerdos se anunció públicamente.

La extraordinaria divulgación de datos de salud tan personales a los funcionarios de deportación en la amplia ofensiva de la administración de Donald Trump contra la inmigración provocó de inmediato la demanda por motivos de privacidad.

El intercambio de datos de Medicaid forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Donald Trump para proporcionar al DHS más datos sobre los migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a impedir que el Servicio de Impuestos Internos compartiera los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a las personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.

La orden, emitida por el juez federal Vince Chhabria en California, detiene temporalmente que el departamento de salud comparta datos personales de los afiliados en esos 20 estados, entre ellos California, Arizona, Washington y Nueva York.

“Utilizar los datos de los CMS para la aplicación de la ley de inmigración amenaza con perturbar significativamente el funcionamiento de Medicaid, un programa que el Congreso ha considerado fundamental para la prestación de cobertura de salud a los residentes más vulnerables del país”, escribió Chhabria en su decisión, emitida el martes.

Chhabria, designado por el presidente Barack Obama, dijo que la orden seguirá en vigor hasta que el Departamento de Salud describa una “determinación razonada” para su nueva política de compartir datos con los funcionarios de deportación.

Un portavoz del departamento federal de salud se negó a responder directamente si la agencia dejaría de compartir sus datos con el DHS. El HHS ha sostenido que su acuerdo con el DHS es legal.

Los inmigrantes que no viven legalmente en Estados Unidos, así como algunos inmigrantes presentes legalmente, no pueden inscribirse en el programa Medicaid que proporciona cobertura casi gratuita para los servicios de salud. Pero la ley federal exige que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que paga sólo los servicios de salvamento en las salas de emergencia a cualquier persona, incluidos los no ciudadanos estadounidenses. Medicaid es un programa financiado conjuntamente entre los estados y el gobierno federal.

Los defensores de la inmigración han dicho que la divulgación de datos personales podría causar alarma entre las personas que buscan ayuda médica de emergencia para sí mismos o para sus hijos. Otros esfuerzos para reprimir la inmigración ilegal han hecho que las escuelas, las iglesias, los tribunales y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen quedar atrapados en una redada.

“Proteger la información privada de salud de las personas es de vital importancia”, dijo el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, en un comunicado. “Y todo el mundo debería poder buscar atención médica sin temor a lo que el gobierno federal pueda hacer con esa información”.