Un juez federal prohibió el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump deporte de inmediato a su país de origen a niños migrantes guatemaltecos que llegaron sin compañía de un adulto a Estados Unidos, el más reciente paso en una disputa judicial sobre uno de los temas más delicados en la agenda migratoria del mandatario.

La decisión del juez Timothy J. Kelly se produce después de que la Casa Blanca intentó deportar a finales del mes pasado a los niños que vivían en albergues del gobierno y hogares de acogida.

Funcionarios del gobierno señalaron que la medida tenía el objetivo de reunir a los niños con padres que querían que regresaran a casa. “Pero esa explicación se desmoronó como un castillo de naipes aproximadamente una semana después”, escribió Kelly, quien fue nominado al cargo por Trump. “No hay evidencia ante el Tribunal de que los padres de estos niños buscaran su regreso”.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, insistió en las afirmaciones iniciales de que los padres solicitaron reencontrarse con sus hijos. “Este juez está bloqueando los esfuerzos para reunificar a niños con sus familias. Ahora estos niños tendrán que ir a refugios”, sostuvo McLaughlin. “Todo solo para ‘atacar a Trump’. Esto es vergonzoso e inmoral”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado que “El tribunal de menor instancia se interpuso erróneamente en este esfuerzo” de reunificación de familias.

Los defensores de los niños también presentaron ante el tribunal un testimonio de un denunciante que deja entrever que muchos de los niños que fueron considerados elegibles para su deportación probablemente habían sido víctimas de abuso infantil, como amenazas de muerte, violencia de pandillas y trata de personas, destacó Kelly en su orden.

“El tribunal vio a través de las repetidas tergiversaciones de hechos críticos por parte del gobierno para tratar de justificar las indefendibles medidas contra niños vulnerables que habrían enfrentado peligro si fueran enviados a otros países”, manifestó Efrén C. Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del National Immigration Law Center, en un comunicado.

Ya existía una orden temporal que impedía la deportación de los niños guatemaltecos. Pero esa orden estaba programada a expirar el martes. Kelly concedió una orden judicial preliminar que extiende esa protección temporal indefinidamente, aunque el gobierno puede apelar.

Kelly rechazó el intento de los activistas de bloquear la deportación de niños de otros países, aunque dijo que cualquier intento por expulsar a esos niños de manera similar probablemente sería ilegal. Los defensores legales que trabajan con Kids in Need of Defense visitaron Honduras la semana pasada y encontraron a funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales trabajando “furiosamente” para recibir a hasta 400 niños procedentes de Estados Unidos.

También hay órdenes de restricción temporales en otros casos en Arizona e Illinois, pero esos casos son mucho más limitados en el alcance de los niños que cubren, subrayando la importancia del caso de Washington.

Durante un operativo la noche del 30 de agosto, el gobierno notificó a los albergues se recibe en principio a los niños migrantes que viajan sin compañía de un adulto que los menores procedentes de Guatemala serían enviados de regreso a su país de origen, y que necesitaba que los niños estuvieran listos para partir en cuestión de horas.

“Nuestros clientes estaban aterrorizados —muchos tenían rostros empapados de lágrimas y algunos temblaban de miedo", sostuvo Mishan Wroe, abogado director del National Center for Youth Law.

Contratistas de Inmigración y Control de Aduanas recogieron a los niños guatemaltecos de los refugios y hogares de acogida y los transportaron al aeropuerto. El gobierno ha dicho en documentos judiciales que identificó a 457 niños para una posible deportación a Guatemala, aunque esa lista finalmente se redujo a 327. Al final, 76 llegaron a abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, el 31 de agosto y estaban listos para partir hacia Guatemala en lo que el gobierno describió como una primera fase.

El hijo de 17 años de Bertilda López estaba entre los que iban a ser enviados a Guatemala. Ese fin de semana, llamó a su familia a altas horas de la noche para decirles que lo estaban enviando a casa y ella condujo toda la noche para llegar a la capital.

El jueves, expresó sentimientos encontrados sobre la decisión del juez.

“Como madre quiero que esté bien, ya sea enviándolo (a casa) o que esté encerrado allí”, dijo López. “Tal vez sea mejor que lo envíen de regreso porque está realmente triste. La forma en que están las cosas allí (en Estados Unidos), me molesta que mi hijo esté encerrado”.

Elisabeth Toca, quien está patrocinando al niño y espera que se le permita quedarse, dijo que todavía espera poder sacarlo de la custodia del gobierno y “darle una vida mejor”.

El gobierno de Guatemala se negó comentar, diciendo sólo que era un proceso interno de la justicia de Estados Unidos.

Activistas por la defensa de los derechos de los niños y los inmigrantes, que habían sido alertados de posibles esfuerzos para deportar a los menores guatemaltecos, interpusieron una demanda de inmediato contra el gobierno federal para evitar la deportación de los niños.

Argumentaron que muchos de estos menores huían de abusos o violencia en sus países de origen y que el gobierno estaba eludiendo procedimientos legales de larga data diseñados para proteger a los jóvenes migrantes de ser devueltos a lugares potencialmente abusivos o violentos.

“Esto fue una tragedia en ciernes que apenas se evitó gracias a los incansables esfuerzos de activistas en todo el país que vieron que los niños estaban en peligro y dieron la alarma”, indicó Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, en un comunicado.

Otro juez federal en Washington otorgó a los defensores una orden de restricción temporal que impide en gran medida que el gobierno federal expulse a los niños migrantes guatemaltecos bajo su cuidado, excepto en circunstancias limitadas donde un juez de inmigración ya haya ordenado su deportación después de revisar sus casos. Esa orden inicial de 14 días estaba programada para expirar el domingo, y luego Kelly la extendió hasta el martes para darle más tiempo para examinar el caso.

El gobierno ha argumentado que tiene el derecho de repatriar a los niños bajo su cuidado y que estaba actuando a instancias del gobierno guatemalteco. Pero el gobierno se retractó de una afirmación inicial que alegaba que los padres solicitaron que sus hijos fueran enviados de regreso.

El gobierno de Guatemala ha dicho que estaba preocupado por los menores bajo custodia que iban a cumplir 18 años y luego estarían en riesgo de ser enviados a instalaciones de detención para adultos.

Los niños que cruzan la frontera sur solos generalmente son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños suelen vivir en una red de refugios en todo el país que son supervisados por la oficina de reasentamiento hasta que finalmente son liberados a un patrocinador, generalmente un pariente.

Después de que los defensores obtuvieron la orden de restricción temporal aprobada para los niños guatemaltecos, también pidieron al tribunal que extendiera las protecciones contra la deportación a niños de otras nacionalidades después de escuchar informes de que el gobierno tenía la intención de retirar también a niños hondureños.