La secretaria del Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, quedó fuera del gabinete del presidente Donald Trump, anunció la administración el lunes, tras una serie de presuntos abusos de poder, que incluyen mantener una relación con un subordinado y consumir alcohol durante horas laborales.

Chavez-DeRemer es la tercera integrante del gabinete de Trump en dejar su cargo, luego de que el mandatario destituyera en marzo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y removiera a la fiscal general Pam Bondi a principios de este mes.

A diferencia de otras salidas recientes del gabinete, la de Chavez-DeRemer fue anunciada por un asistente de la Casa Blanca y no por el propio presidente en sus redes sociales.

“La secretaria del Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará la administración para asumir un cargo en el sector privado”, dijo en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung. “Ha realizado una labor fenomenal en su función al proteger a los trabajadores estadounidenses, implementar prácticas laborales justas y ayudar a los estadounidenses a adquirir nuevas destrezas para mejorar sus vidas”.

Indicó que Keith Sonderling, actual subsecretario del Trabajo, asumirá como secretario interino.

La salida de Chavez-DeRemer ocurre tras reportes que comenzaron a surgir en enero sobre varias investigaciones en su contra. El medio NOTUS fue el primero en informar sobre su renuncia el lunes.

Un reportaje de The New York Times publicado el miércoles pasado reveló que el inspector general del Departamento del Trabajo revisaba material que mostraba que Chavez-DeRemer, sus principales asesores y familiares enviaban con frecuencia mensajes personales y solicitudes a empleados jóvenes.

Según el periódico, el esposo y el padre de Chavez-DeRemer intercambiaron mensajes de texto con empleadas jóvenes. Algunas de estas trabajadoras fueron instruidas por la secretaria y su exsubjefa de gabinete a “prestar atención” a su familia, según personas familiarizadas con la investigación.

Estos mensajes salieron a la luz como parte de una investigación más amplia sobre su gestión, que comenzó luego de que el New York Post informara en enero sobre una querella presentada ante el inspector general del Departamento del Trabajo que la acusaba de mantener una relación con un subordinado.

También enfrentó acusaciones de consumir alcohol durante el trabajo y de encargar a sus asistentes la planificación de viajes oficiales con fines principalmente personales.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento del Trabajo inicialmente calificaron los reportes como infundados. Sin embargo, las negativas oficiales se fueron debilitando a medida que surgían más acusaciones, y su permanencia en el cargo se convirtió en una interrogante en Washington.

Al menos cuatro funcionarios del Departamento del Trabajo ya han sido removidos de sus cargos conforme avanzó la investigación, incluidos el exjefe y la exsubjefa de gabinete de Chavez-DeRemer, así como un miembro de su equipo de seguridad, con quien presuntamente sostuvo la relación, según The New York Times.

Confirmada al gabinete de Trump con una votación de 67-32 en marzo de 2025, Chavez-DeRemer es una exlegisladora republicana que representó un distrito competitivo en Oregón. Como republicana, contó con un respaldo inusual de sindicatos, aunque perdió su reelección en noviembre de 2024.

Durante su único término en el Congreso, respaldó legislación para facilitar la sindicalización a nivel federal, así como otra medida dirigida a proteger los beneficios del Seguro Social para empleados del sector público.

Algunos sindicatos influyentes, como la Hermandad Internacional de Teamsters, respaldaron su nominación. La decisión de Trump de seleccionarla fue vista por algunos analistas como un intento de atraer a votantes vinculados al movimiento obrero.

No obstante, otros líderes sindicales se mostraron escépticos, al dudar de que impulsara una agenda favorable a los sindicatos dentro de una administración republicana. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, algunos legisladores cuestionaron si podría mantener esa postura en un gobierno que despidió a miles de empleados federales.

Más allá de las denuncias recientes, Chavez-DeRemer había sido una de las figuras de menor perfil dentro del gabinete, aunque tomó medidas clave para avanzar la agenda de desregulación de la administración.

Por ejemplo, el Departamento del Trabajo impulsó el año pasado la revisión o eliminación de más de 60 regulaciones laborales consideradas obsoletas. Estos cambios incluyeron requisitos de salario mínimo para trabajadores de cuidado en el hogar y personas con discapacidades, así como normas sobre exposición a sustancias peligrosas y procedimientos de seguridad en minas, lo que generó críticas de líderes sindicales y expertos en seguridad laboral.

Las propuestas también contemplaban eliminar la exigencia de iluminación adecuada en obras de construcción y el uso de cinturones de seguridad para trabajadores agrícolas en la mayoría de los transportes provistos por los empleadores.

Durante su gestión, la administración Trump canceló millones de dólares en subvenciones internacionales administradas por una división del Departamento del Trabajo para combatir el trabajo infantil y la esclavitud moderna en el mundo, lo que puso fin a iniciativas que habían contribuido a reducir en 78 millones el número de menores trabajadores en las últimas dos décadas.

El Departamento del Trabajo tiene un amplio mandato en relación con la fuerza laboral en Estados Unidos, que incluye reportar la tasa de desempleo, regular las normas de salud y seguridad en el trabajo, investigar disputas sobre salario mínimo, trabajo infantil y pago de horas extra, y aplicar leyes sobre sindicalización y despidos injustificados.