El viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió una orden que permite al gobierno del presidente Donald Trump mantener congelados casi 5 mil millones de dólares en ayuda exterior, lo que le otorga otra victoria en una disputa sobre el poder presidencial.

Con el voto en contra de los tres jueces liberales, la mayoría conservadora de la corte concedió la apelación de emergencia del gobierno republicano en un caso que involucra miles de millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso. Trump declaró el mes pasado que no gastaría el dinero, invocando una autoridad controvertida que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.

El Departamento de Justicia solicitó la intervención del alto tribunal después de que el juez federal de distrito Amir Ali dictaminara que la acción de Trump era probablemente ilegal y que el Congreso tendría que aprobar la decisión de retener los fondos.

El tribunal federal de apelaciones en Washington se negó a suspender el fallo de Ali, pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, lo bloqueó temporalmente el 9 de septiembre. El pleno del tribunal extendió indefinidamente la orden de Roberts. La corte ya ha allanado el camino para que la administración Trump retire las protecciones legales a cientos de miles de migrantes, despida a miles de empleados federales, expulse a miembros transgénero de las fuerzas armadas y destituya a los directores de agencias gubernamentales independientes.

Las victorias legales, si bien no son fallos definitivos, se han logrado mediante apelaciones de emergencia, utilizadas con moderación en presidencias anteriores, para acelerar los casos hasta la Corte Suprema, donde las decisiones a menudo se emiten sin explicación.

Trump le comunicó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, en una carta del 28 de agosto que no gastaría 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso, lo que en la práctica recortaría el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.

Utilizó lo que se conoce como una rescisión de bolsillo. Se trata de una maniobra poco común cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso hacia el final del año presupuestario en curso para que no gaste el dinero aprobado. La notificación tardía esencialmente cambia la situación. Según la ley federal, el Congreso debe aprobar la rescisión en un plazo de 45 días o el dinero debe gastarse. Pero el año presupuestario terminará antes de que se cierre el plazo de 45 días, y en esta situación, la Casa Blanca afirma que la inacción del Congreso le permite no gastar el dinero.

La mayoría escribió en una orden sin firmar que la autoridad de Trump en asuntos exteriores influyó considerablemente en su decisión, al tiempo que advirtió que no estaba emitiendo un fallo definitivo en el caso.

Pero esto no sirvió de mucho para los disidentes. “El efecto es impedir que los fondos lleguen a sus destinatarios, no solo ahora, sino (debido a su inminente vencimiento) para siempre”, escribió la jueza Elena Kagan en su opinión discrepante, a la que se unieron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

La administración Trump ha hecho de las profundas reducciones a la ayuda exterior una de sus políticas distintivas, a pesar de los ahorros relativamente escasos en relación con el déficit y el posible daño a la reputación de Estados Unidos en el extranjero a medida que la gente pierde acceso a suministros de alimentos y programas de desarrollo. La decisión del Tribunal Supremo “erosiona aún más los principios de separación de poderes, fundamentales para nuestro orden constitucional”, declaró Nick Sansone, abogado de Public Citizen Litigation Group, quien representó a la Coalición para la Defensa de la Vacuna contra el SIDA en el caso. “También tendrá un grave impacto humanitario en las comunidades vulnerables de todo el mundo”.

El mes pasado, los abogados del Departamento de Justicia informaron a un juez federal que otros $6,500 millones en ayuda, que habían estado sujetos a la congelación, se gastarían antes del final del año fiscal el próximo martes.

El caso lleva meses tramitándose en los tribunales, y Ali afirmó comprender que su fallo no sería la última palabra al respecto.

“Este caso plantea cuestiones de enorme importancia jurídica y práctica, incluyendo si existe alguna vía para poner a prueba la decisión del poder ejecutivo de no gastar los fondos asignados por el Congreso”, escribió.

En agosto, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una orden judicial anterior que Ali había emitido para exigir que se gastara el dinero. Sin embargo, el panel de tres jueces no archivó la demanda. Después de que Trump emitió su aviso de rescisión, los demandantes regresaron al tribunal de Ali y el juez emitió la orden que ahora está siendo impugnada.