Contrario al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), los departamentos de Educación y de la Vivienda ni la Administración de Vivienda Pública (AVP) han recibido, por ahora, requerimientos de información de las autoridades federales para cumplir con la política migratoria del presidente Donald Trump.

Directivos de estas dependencias, sin embargo, señalaron este martes que, de llegarle algún requerimiento, suplirán los datos solicitados, tal como hizo el DTOP con los detalles de los inmigrantes sin estatus definido que han obtenido licencias de conducir en Puerto Rico.

Ciary Pérez Peña, secretaria de la Vivienda y presidenta de la Junta de Gobierno de la AVP, informó, incluso, que trabajan en un protocolo para asistir a familias potencialmente afectadas, en caso de que el gobierno federal exija entregar información de inmigrantes sin estatus definido en vivienda pública.

Sostuvo que “la AVP subsiste por fondos federales y nosotros tenemos una responsabilidad de cumplir con las leyes federales”.

“Nosotros no hemos recibido una guía por parte de HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.), si hablamos de la parte federal; hasta ahora, no ha habido ninguna guía. Nosotros sí estamos al pendiente, con los niños más que nada, pero no hemos tenido un caso en particular que se haya hecho un acercamiento a un agente administrador de (un residente) que tenga una preocupación, de que teme por su seguridad o la seguridad de los menores”, sostuvo la funcionaria.

“No obstante, el área de Vivienda Pública sí está manejando un protocolo para, de ocurrir (una intervención), tener un plan de acción con los agentes administradores para proteger a los menores de edad”, agregó.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, destacó que, en la agencia, no se guarda “información sobre el estatus migratorio de nadie”.

“Obviamente, si fuese exigencia nueva para matricular a nuestros niños, pues, sin duda alguna, miraríamos y exploraríamos. En este momento, es algo incierto. Nunca se ha solicitado”, indicó.

Educación creó un protocolo, hace ya varios meses, para atender a estudiantes potencialmente afectados, en caso de que un familiar fuese arrestado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El protocolo se trabajó luego de que, en enero, se produjeran las primeras redadas para cumplir con las directrices antiinmigrantes de Trump. En ese momento, la gobernadora Jenniffer González, luego de reunirse con el liderato de las autoridades federales en la isla, dijo que no retaría la política pública presidencial.

Trascendió, entonces, que no habría arrestos en escuelas, iglesias ni hospitales.

Ramos Parés reconoció que, poco después de las primeras intervenciones, hubo “mucho” ausentismo en los planteles y fue necesario que trabajadores sociales y psicólogos intervinieran con la comunidad escolar.