Desde que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, envió el año pasado un correo electrónico para invitar a ciertas empresas a participar de un proceso competitivo relacionado con un contrato de servicios educativos pagado con fondos federales, el trámite se hizo a base de falsedades, argumentaron este domingo los abogados de Christian Torres, dueño de Coccoloba AgroEnvironmental. Torres presentó una demanda por presuntas irregularidades en el proceso.