El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, anticipó este lunes que el gremio se dispone a solicitar una reunión con la región de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) con jurisdicción sobre Puerto Rico, con el fin de explicarle cómo funcionan los arbitrios de construcción y disipar dudas sobre la legalidad en el cobro de ese impuesto municipal en la isla.

El encuentro, que se solicitará al administrador de la región 2 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Christopher Hartnett, sería en el marco de la carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la que pidió a la alta plana de FEMA que exponga su postura de manera oficial sobre la práctica de 22 municipios que optaron por imponer arbitrios de construcción más elevados cuando se trata de proyectos pagados con fondos federales.

“(Es) para explicarle la idiosincracia de Puerto Rico, cuáles son las leyes locales que rigen los arbitrios de construcción, que es algo que existe desde 1991, cuando se creó la Ley de Municipios Autonómos”, explicó Hernández.

La petición de la JSF fue dirigida al administrador nacional de FEMA, Cameron Hamilton mediante una carta –con fecha del 1 de octubre– acompañada con la lista de los 22 ayuntamientos que impusieron arbitrios más altos a los proyectos financiados con dinero federal dirigidos a obras de reconstrucción tras los desastres naturales recientes.

Previamente, la JSF había circulado el listado de municipios el 15 de septiembre, en una carta separada al congresista republicano Paul Gosar, presidente del Subcomité de Supervisión e Investigaciones del Comité de Recursos Naturales, con jurisdicción sobre asuntos de Puerto Rico.

Los municipios que incurrieron en esa práctica son Adjuntas, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Ciales, Cidra, Guánica, Guaynabo, Lajas, Lares, Maunabo, Orocovis, Peñuelas, Ponce, San Germán, San Sebastián, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Vega Baja, Vieques y Yauco, de acuerdo con la JSF.

Paralelo a la carta de la JSF, el Departamento de la Vivienda pidió a los alcaldes que indicaran si tenían tasas distintas para el cobro de arbitrios de construcción a proyectos pagados con fondos federales. La petición la hizo el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos y aún se desconoce en qué desembocará esta nueva solicitud de información.

El alcalde de Camuy defendió la potestad que tienen los alcaldes para establecer, mediante ordenanza, las tasas de los arbitrios de construcción.

“Las ordenanzas municipales son dinámicas. ¿Y qué significa esto? Que están en continua revisión. Cuando se hizo la nueva ley de municipios autónomos, que es la Ley 107 que se conoce ahora como el Código Municipal de Puerto Rico, la mayoría de los municipios o todos los municipios en Puerto Rico tenían que atemperar sus ordenanzas a la Ley 107. Cada municipio ha estado actualizando y atemperando sus ordenanzas", comentó el alcalde.

Por ende, reconoció que pudieron haber municipios con tasas de arbitrios de construcción distintas para proyectos pagados con fondos federales, pero ya debió cambiar.

Rechazó, sin embargo, que esta práctica redunde en consecuencias negativas para los municipios como la devolución de dinero. “Lo que procede en estos momentos es que el municipio atempere su ordenanza, pero tratar de querer eliminar un impuesto como el arbitrio de construcción, sería nefasto para los gobiernos locales”, sentenció Hernández.