Bogotá - El gobierno colombiano anunció el lunes que mantendrá el alza del 23% al salario mínimo en un nuevo decreto que será expedido en los próximos días, luego de que un alto tribunal suspendiera provisionalmente el acto administrativo que lo aumentó y que fue aprobado en diciembre.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, indicó en un consejo de ministros televisado que la decisión surgió tras una reunión gubernamental que sostuvo horas antes con empresarios y sindicatos.

El gobierno debe expedir un nuevo decreto del alza del salario mínimo para acatar una orden del Consejo de Estado -el máximo tribunal de la administración pública- con la que suspendió desde el viernes el incremento salarial decretado en diciembre, mientras analiza a fondo más de una decena de demandas ciudadanas que piden anularlo.

El tribunal no especificó el monto del alza del nuevo salario mínimo.

La suspensión ordenada por el Consejo de Estado dejó en vilo el salario mínimo que reciben más de dos millones de trabajadores, quienes continúan percibiendo el decretado en diciembre mientras el gobierno emite una nueva decisión.

El presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en gobernar el país, convocó a los ciudadanos a movilizaciones en las plazas públicas del país el jueves, pidiéndoles que defiendan el alza salarial.

Pese a la decisión de mantener el alza en un 23% en el nuevo decreto, el ministro del Trabajo indicó que también continuarán con las movilizaciones.

“Este es un triunfo parcial, por eso la movilización del jueves sigue cobrando vigencia, porque estamos hablando de una medida cautelar del Consejo de Estado”, explicó Sanguino.

Tras asistir a la reunión con el gobierno, la Federación Nacional de Comerciantes advirtió el lunes que no está de acuerdo con que el gobierno mantenga el alza del 23%, por considerar que pondrá en riesgo más de 700,000 empleos formales al afectar a las pequeñas y medianas empresas que están asumiendo el incremento.

El gobierno ha defendido el aumento del salario mínimo, al considerarlo una medida justa para que los trabajadores formales tengan un “salario vital”, entendido como suficiente para cubrir las necesidades básicas y la vida digna del trabajador y su familia.