El intercambio de información entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al propuesto alivio contributivo para el ciclo de planillas en curso se extenderá, por lo menos, hasta la semana entrante, luego de que el ente concediera a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) hasta el 27 de febrero para certificar que la medida no violenta el plan fiscal.

“La Junta de Supervisión aprecia los datos e información que la Aafaf ha provisto y el diálogo continuo para ayudar a la Junta de Supervisión a analizar el efecto de la Resolución Conjunta 6 (RC 6) sobre la posición financiera del Estado Libre Asociado”, escribió el director ejecutivo del organismo, Robert Mujica, a su homólogo en la Aafaf, Francisco Domenech.

“Dado el continuo intercambio entre el gobierno y la Junta de Supervisión, extendemos el período para la entrega de la certificación requerida bajo la ley Promesa, sección 204(a)(2) para la RC 6-2026 hasta el viernes 27 de febrero de 2026”, precisó Mujica, en la misiva con fecha del viernes, pero circulada este sábado.

La sección 204 de Promesa exige al gobierno electo precisar el impacto fiscal de cada nuevo estatuto o emitir una certificación de que “la ley no es significativamente inconsistente con el plan fiscal”.

De ordinario, la JSF concede una semana para entregar el análisis requerido bajo la sección 204, pero, en el caso del incentivo reintegrable legislado, ha autorizado varias prórrogas desde que la gobernadora Jenniffer González firmó la resolución conjunta el 3 de febrero. La extensión previa vencía ayer, viernes.

Se estima que la medida proporcionará a los individuos alrededor de $270 millones en alivios correspondientes al año contributivo 2025, cuyas planillas comenzaron a remitirse más temprano en febrero. La resolución conjunta fue la vía alterna adoptada por la administración de González luego de que su proyecto para modificar permanentemente los umbrales y tasas contributivas se encontrara con fuertes cuestionamientos a nivel legislativo y de la propia JSF.

La JSF estimó que el proyecto de administración, tan solo durante el año fiscal en curso, dejaría un déficit cercano a los $370 millones, contrario a la aserción de González y su componente fiscal, de que se trata de una medida con efecto neutral.

El alivio a modo de “incentivo reintegrable” por un año ya se puso en práctica, con aval de la JSF, en 2024, bajo la administración de Pedro Pierluisi. Durante su primer año en La Fortaleza, sin embargo, González descartó ese mecanismo, apostando en su lugar a lograr rebajas permanentes a las tasas.

La RC 6-2026 contempla que los contribuyentes radiquen sus planillas utilizando las tasas y umbrales habituales, pero que luego reciban un reintegro equivalente a la diferencia en impuestos que hubiera resultado bajo el proyecto de administración. El Departamento de Hacienda ha estimado que entre 600,000 y 700,000 contribuyentes, con ingresos netos no mayores de $150,000, serían elegibles al beneficio.