La gobernadora Jenniffer González esbozó este jueves una férrea defensa de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y su desempeño hace un día ante una comisión senatorial, que se enfocó en sus gestiones dirigidas a materializar una contratación por $38 millones para un programa que la propia Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) y el Departamento de Educación habían advertido que no procedía.

González aseveró, de paso, que mantiene plena confianza en Roig Fuertes.

“No voy a destituir a la funcionaria”, insistió, en un encuentro con periodistas.

Como ha hecho en instancias previas, la mandataria despachó la gestión investigativa del Senado –presidido por Thomas Rivera Schatz, a quien le atribuye la intención de retarla en 2028 por la candidatura novoprogresista a la gobernación– como un intento de “oposición” a su administración.

El miércoles, Roig Fuertes compareció luego de que Blanca Medina Díaz, exjefa de la Adsef, testificara que su reciente destitución estuvo vinculada a su oposición a suscribir varios contratos gestionados por la secretaria.

“Creo que la secretaria de la Familia contestó todas y cada una de las preguntas e interrogantes por varias horas. Aun cuando no se le dejaba hablar y se le interrumpía, la secretaria fue muy puntual. No solo las contestó, (sino) que llevó la evidencia de cada uno de los documentos. Creo que una de las cosas que se hace aquí es que se hacen señalamientos de un contrato que no existe”, planteó González, luego de inaugurar, junto a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Conde, nuevos espacios de investigación y desarrollo en el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares, adscrito al centro docente.

Tras el intenso interrogatorio que se extendió por cerca de cuatro horas, Rivera Schatz afirmó que Roig Fuertes mintió y que persisten incongruencias en su testimonio, particularmente, en torno a la adjudicación de un contrato por $38.5 millones –subvencionado con fondos federales– a NOLA Education, empresa que se dedica a implantar el programa Star Academy, dirigido a atender la deserción escolar.

El acuerdo nunca se formalizó, pero, en la vista, trascendió que Roig Fuertes había adjudicado el contrato a NOLA desde enero pasado, a pesar de que aún se aguardaba por una opinión del gobierno federal para determinar si los fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) podían utilizarse para esa contratación.

El Departamento de Educación consignó, durante el proceso, que la implantación del Star Academy –programa con resultados mixtos en Estados Unidos– no se alineaba con sus necesidades.

Hoy, jueves, la empresa Coccoloba AgroEnvironmental refutó la versión de Roig Fuertes de que sometió una propuesta para participar del proceso competitivo, al señalar que, tras recibir la invitación a finales de diciembre de 2025, había respondido que su pericia se concentra en el área de consultoría ambiental, al incluir un “brochure” de los servicios que proveen.

Coccoloba, sin embargo, fue una de tres empresas evaluadas por el contratista LAP Consulting en el procedimiento que resultó en la adjudicación a NOLA.

González, en la rueda de prensa, insistió en que la evaluación de las cualificaciones de Coccoloba –pese a su afirmación de que no ofrecía el servicio procurado– fue parte del análisis “cuidadoso” que debió llevar a cabo el Departamento de la Familia.

“Contestaron la petición de información y enviaron”, dijo González sobre Coccoloba. “Si no tenían intención de ser considerados, no hubieran enviado ninguna la información a la agencia ni hubieran enviado el desglose de los servicios que brindaban. Es palo si boga y palo si no boga”.

De igual forma, defendió la preparación de un borrador de contrato, pese a la inexistencia de una determinación de que el tipo de servicio que se pretendía adquirir era necesaria o viable mediante los fondos TANF.

“Es muy natural que se hagan borradores de contrato previo… porque, muchas veces, esos borradores llegan después que se toma la determinación. En la mayoría de los casos, se mandan a trabajar y llegan meses después que se tome la determinación. Casi siempre se tiene que esperar por que el borrador llegue”, señaló.