El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) desistió de intentar destituir a los ocho empleados a los que vinculó con la excarcelación irregular de Hermes Ávila Vázquez, un feminicida convicto que fue liberado tras fingir que padecía de parálisis y que asesinó a otra mujer al año de estar en la libre comunidad.