El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, defendió el proceder de la agencia que dirige en la implementación anual de las normas que rigen cómo operarán las escuelas públicas cada año escolar, al asegurar que no han incumplido con las reglas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Asimismo, Ramos Parés cuestionó las intenciones de la JSF al declarar a la agencia en incumplimiento con la entrega de documentos que deben ser revisados por el ente fiscal previo a su entrada en vigor si estos tienen impacto en el presupuesto.

“La insinuación de que el Departamento ha adoptado o implementado políticas no divulgadas con impacto fiscal no reportado tergiversa tanto el proceso como la información ya proporcionada”, manifestó el secretario, en una carta enviada al director ejecutivo de la JSF el miércoles, 6 de mayo.

Mujica sostuvo, en una carta enviada el 27 de abril a Educación, que la “Política de revisión de normas, reglamentos y órdenes” establece que las agencias deben hacer llegar cualquier normativa “relacionada con, o que afecte, aspectos financieros del Plan Fiscal Certificado más reciente” para que la JSF las revise y apruebe antes que entren en vigor.

“Hemos advenido en conocimiento de que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha aprobado, adoptado y continúa implementando una serie de políticas internas que rigen la organización y el funcionamiento de las escuelas, incluyendo, entre otras, las proporciones de estudiantes por maestro y de personal por estudiante, los límites de tamaño de las clases, los requisitos de seguridad, las normas de mantenimiento de los planteles, el funcionamiento de las escuelas chárter, la oferta ocupacional y técnica, el funcionamiento de las escuelas Montessori, el funcionamiento de las escuelas especializadas, los servicios de Educación Especial, los modelos de dotación de personal, los horarios y otras directrices académicas y operacionales”, señaló Mujica.

La JSF dio a Educación hasta el 18 de mayo para entregar las políticas que tengan un impacto fiscal.

Ramos Parés manifestó que él ha dado instrucciones al equipo de Educación para que se mantenga comunicación constante con el ente fiscal. En su carta a Mujica, incluyó siete páginas con detalles de información solicitada por la JSF desde enero de 2025 y la fecha en que fue entregada.

Del mismo modo, insistió que se realizan reuniones periódicas entre equipos de ambos organismos.

“Francamente, después de tantos años en que la Junta de Supervisión ha participado en asuntos relacionados con el Departamento, sorprende que parezca haber una falta de familiaridad con este proceso operativo básico y recurrente. La organización escolar no es nueva, oculta ni extraordinaria. Es un proceso anual necesario para el buen funcionamiento del sistema escolar, y todos los manuales, guías y documentos rectores han servido de base para el presupuesto estudiantil que la Junta de Supervisión y su equipo han promovido como un logro conjunto”, aseguró el secretario.

Todos los años, Educación emite cartas circulares para regir la organización escolar, las cuales establecen las reglas de cómo se organizará el horario lectivo en las escuelas, la cantidad de estudiantes que debe haber por grupos y la forma en que se distribuirán los maestros en los planteles, entre otros.

En Educación, las cartas circulares son documentos emitidos por el secretario o la secretaria, de cumplimiento obligatorio, que definen la política pública y definen los procedimientos que deben llevar a cabo los empleados de todos los niveles del sistema educativo.

La operación de escuelas Montessori, escuelas alianza y escuelas especializadas están regidas tanto por reglamentos de la agencia como por cartas circulares, mientras que los servicios de Educación Especial deben cumplir con disposiciones de leyes estatales y federales, así como la sentencia por estipulación del caso Rosa Lydia Vélez.

Ramos Parés destacó, en un comunicado de prensa, que el proceso de organización escolar fue reglamentado en la agencia en 2020, por lo cual rechazó que exista un patrón de implementar “políticas ocultas”.

“Debo expresar mi preocupación y frustración por la forma en que se presenta su carta. Una vez más, la Junta de Supervisión ha optado por emitir una comunicación pública que sugiere una falta de transparencia por parte del Departamento, a pesar de la comunicación clara, constante y recurrente entre nuestros equipos”, esbozó el secretario.