El alcalde de Adjuntas Jaime Barlucea viajó en el verano de 2013 con ocho estudiantes y la directora de Recursos Humanos a España, Marruecos y Portugal como parte de un intercambio cultural estudiantil. Foto: [email protected] Xavier J. Araujo 2019 (Xavier J. Araújo Berríos)

Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló que, aunque el alcalde de Adjuntas Jaime Barlucea certificó como participante de un viaje estudiantil a España, Marruecos y Portugal a un alumno de ese pueblo, el joven nunca viajó y su espacio- pagado con fondos municipales- lo ocupó la esposa del dueño de la agencia que vendió el paquete de viaje.

Según el informe de auditoría publicado hoy por la OCPR, el alcalde intentó cancelar el viaje cuando el estudiante informó que no iría, pero el dueño de la agencia presuntamente le dijo que no podía reembolsar el dinero y no lo orientó sobre la posibilidad de hacer un cambio de pasajero. Es decir, sustituir a ese estudiante por otro alumno que sí pudiera.

“Con tal acción (el dueño de la agencia de viajes) y con la ayuda del mayorista, aprovechó la oportunidad para sufragar el gasto de viaje de su esposa con fondos municipales y pagar solo una penalidad por el mismo”, menciona el informe.

En noviembre de 2019, la OCPR refirió ese hallazgo al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, pero al momento de publicar el informe de auditoría todavía estaba pendiente la pesquisa. Los hechos ocurrieron en 2013, pero el informe no menciona la posibilidad de la prescripción de los posibles delitos.

La auditoría también descubrió fallas en las operaciones de compra y en el mantenimiento de inventarios de la propiedad, además de tardanzas en el envío de contratos a la Oficina del Contralor.
El informe de auditoría señala que el alcalde de Adjuntas certificó a los auditores que él solicitó por teléfono las cotizaciones a una sola agencia de viajes. El mismo día que recibió la factura, la pagó.

Aunque solo viajaron ocho alumnos, el Municipio de Adjuntas pagó $58,770 por un paquete de viaje para nueve estudiantes, la directora de recursos humanos del ayuntamiento Claribel Pagán y el alcalde. Ese paquete incluía pasajes, alojamiento, transportación y comidas del 21 de junio al 9 de julio de 2013.

Según la Oficina del Contralor, Barlucea Maldonado y Pagán Cuevas certificaron en el informe de viaje que rindieron al ayuntamiento que los nueve estudiantes viajaron con ellos, incluyendo el estudiante que no hizo el intercambio estudiantil. La OCPR no informó el nombre del estudiante- lo identifica como estudiante B- y tampoco dio a conocer el nombre de la agencia de viajes involucrada.

El informe da cuenta también que “el 15 de mayo de 2017 el alcalde certificó a nuestros auditores que el estudiante B había participado del viaje, y que ningún estudiante había cancelado su participación”. Esto a pesar de que la OCPR detalla que el 28 de mayo de 2013 el ejecutivo municipal le envió una carta, mediante fax, al presidente de la agencia para solicitarle la cancelación de la reservación del estudiante B.

“El 26 de mayo de 2017 el estudiante B declaró a nuestros auditores que no participó del viaje por asuntos personales y familiares”, menciona el informe. “Por otra parte, dos estudiantes que participaron del viaje confirmaron a nuestros auditores, mediante declaraciones, que este no participó”, añade.

En junio de 2017 la directora de Recursos Humanos también les declaró a los auditores de la OCPR que el estudiante no había participado del viaje ni se le sustituyó con otro estudiante.

Contrario a la reglamentación, el Municipio no obtuvo cotizaciones de, por lo menos, tres proveedores representativos en el mercado para comprar el paquete de viaje.

“El alcalde certificó a nuestros auditores que él solicitó por teléfono las cotizaciones a una sola agencia de viajes”, dice el informe.

El 2 de mayo de 2013 la agencia emitió una factura al Municipio por $58,770 por las reservaciones a nombre de 11 pasajeros y al día siguiente la administración municipal la pagó.

El Municipio de Adjuntas tiene un programa de Intercambio para estudiantes de nivel superior en el que pueden participar tanto jóvenes de escuelas públicas como privadas. Pero la ordenanza que aprobó el programa dejó al alcalde la facultad de establecer los requisitos y las medidas para seleccionar a estudiantes que participen y tiene la discreción para autorizar los gastos que se incurran. También para autorizar a funcionarios municipales a participar del mismo.

El 8 de abril de 2013 el Municipio realizó un sorteo para seleccionar a 10 estudiantes que participarían del viaje estudiantil. Los participantes del sorteo fueron 53 estudiantes de duodécimo grado que pertenecían al cuadro de honor de su escuela. De los 10 seleccionados para ese viaje, dos no pudieron participar del intercambio, pero con solo uno de ellos hubo la presunta irregularidad detectada.