Salinas - Justo cuando su administración aplaude y destaca el aumento en presencia, la gobernadora Jenniffer González reveló este miércoles que varias ramas de la milicia de Estados Unidos extendieron sus contratos con la Autoridad de los Puertos para el alquiler de instalaciones en los aeropuertos de Ceiba y Aguadilla, lo que, a su juicio, impulsa la economía y consolida a Puerto Rico como punto estratégico en seguridad.

“Estos acuerdos generan ingresos y apoyan los proyectos de infraestructura que tenemos en la Autoridad de los Puertos, incluyendo un impacto estimado de $5.5 millones solamente en Aguadilla, y consolida a Puerto Rico como una plataforma estratégica de seguridad y respuesta en situaciones de emergencia”, apuntó González, tras un recorrido por obras en curso en el Campamento Santiago, en Salinas.

En septiembre pasado, cientos de militares comenzaron a llegar a la isla, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra supuestos narcotraficantes en el Caribe, que tuvo como punto máximo el ataque y captura, el 3 de enero, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Según la gobernadora, esos militares permanecen en suelo boricua.

Puertos firmó contratos con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Infantería de Marina (“Marines”) para el uso de algunas de las instalaciones de los aeropuertos de Aguadilla y Ceiba. En este último, los militares operan la torre de control. Los acuerdos estaban vigentes hasta marzo, pero la gobernadora informó que se extendieron hasta octubre. Puertos recibe $362,085 mensuales por el alquiler de ambas instalaciones.

Paralelamente, Puertos alquiló a los “Marines”, a finales de 2025, algunas rampas y hangares del aeropuerto Mercedita en Ponce, por lo que recibe $8,475 mensuales hasta mayo.

“Ojalá (los contratos) se puedan seguir extendiendo, porque eso significa una inyección directa de fondos a la isla y significa también mayor actividad. Ver a muchos militares que estaban destacándose en otras bases y que pueden estar haciendo entrenamientos aquí, es bueno para las familias y es bueno para la economía”, recalcó González, quien aclaró, de paso, que, en este momento, no hay una “propuesta” para reabrir bases en Puerto Rico, como Rooselvet Roads o Ramey.

Las instalaciones de los mencionados aeropuertos, e incluso del Campamento Santiago, fueron usadas para el entrenamiento de la milicia previo al ataque en Venezuela.

La gobernadora confirmó que, en la isla, permanecen “activos” miembros de los “Marines”, en momentos en que Trump ha dicho que Cuba está al borde de “una crisis humanitaria”, que solo podría evitarse con una invasión estadounidense. Trump ha calificado a Cuba como una “nación fallida”, según CNN.

“Yo no tengo ninguna información sobre eso, pero todo lo que sea para respaldar a nuestras fuerzas militares y la política pública del presidente, claro que yo voy a estar a favor. Lo demostramos en el caso de Maduro en Venezuela”, declaró González.

El martes, la Junta de Planificación estimó que la inversión de las Fuerzas Armadas en la isla tendría un impacto económico de $2,036.5 millones y permitiría la creación de más de 12,000 empleos a lo largo del próximo año fiscal.

Por su parte, el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos José Rivera, confirmó información publicada en El Nuevo Día sobre que ese cuerpo, específicamente su división aérea ubicada en la base de Isla Grande, asiste a los militares destacados aquí desde septiembre.

“Estamos hablando de las fuerzas que vinieron, que fue un ‘search’ (búsqueda) que hubo aquí; ciertamente, les hacía falta apoyo de la Guardia Nacional aérea y se les dio completamente, y prosigue y sigue al día de hoy. Mayormente en logística, áreas de mantenimiento y seguridad”, explicó Rivera.

La gobernadora acudió al Campamento Santiago para inspeccionar trabajos de reparación y construcción de nuevas instalaciones, gracias a una asignación de $350 millones que logró mientras era comisionada residente en Washington.

“Ponerlas en condiciones óptimas ahora nos va a permitir hacer muchos más acuerdos de entrenamiento con otras guardias nacionales y con otros ejércitos que ya han practicado aquí. (…) El gobierno de Puerto Rico hace acuerdos, incluso con otras jurisdicciones, para los centros de práctica. Esto es un campamento activo”, acotó González.

Las obras, que son necesarias tras los daños causados por los huracanes Irma y María (2017), comenzaron el 4 de febrero de 2023 y deben concluir en julio del próximo año, informó. La construcción incluye dos nuevos comedores, tres edificios para barracas con acondicionadores de aire y otros tres para mantenimiento.

González aprovechó la visita para dar paso a la firma de un acuerdo entre Puertos y la Guardia Nacional, que permitirá que el cuerpo militar siga ocupando espacios en las bases de Isla Grande y Muñiz. “Estamos extendiendo, por 50 años, el contrato de arrendamiento a las instalaciones en apoyo a la aviación del Ejército, asegurando las operaciones críticas hasta el año 2078 con un costo nominal. Este acuerdo garantiza estabilidad operacional a largo plazo y la capacidad de competir por fondos federales”, anotó.