El gobierno rechazó este jueves que las demandas incoadas contra LUMA Energy –para anular su contrato como operador del sistema de transmisión y distribución– puedan afectar el procedimiento de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que sigue en curso en el Tribunal Federal bajo el Título III de la ley Promesa.

“El Título III necesita de un sistema energético robusto y confiable que pueda facturar porque, eventualmente, cuando se reestructure esa deuda, hay que pagarla. Cuando LUMA tiene más de 70,000 contadores que no lee, no factura y no cobra, ellos, irrespectivo del pleito, afectan el Título III con su negligencia y su mal servicio. Así que, irrespectivo del argumento de ellos, ellos afectan el Título III porque no están facturando ni cobrando lo que se supone que el sistema genera. Ellos mismos se perjudican”, afirmó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Nosotros entendemos que (la acción legal) no afecta el Título III. LUMA afecta el Título III al no estar facturando y cobrando como debe”, recalcó.

Sostuvo, en tanto, que el alegato de falta de liquidez levantado por LUMA es “autoinfligido”, porque supuestamente no logra los reembolsos federales de proyectos a base de los parámetros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y porque “no saben facturar ni cobrar”.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de LUMA.

La primera demanda del gobierno contra LUMA –en la que exige la nulidad de la extensión del contrato, firmada en 2022– se presentó el 11 de diciembre, sin que aún haya terminado el proceso de quiebra de la AEE. Por tanto, la corporación pública aún no tiene un plan de ajuste de la deuda aprobado por el Tribunal Federal. El 16 de diciembre, la gobernadora Jenniffer González radicó, a su nombre, una segunda demanda.

LUMA trasladó ambos recursos al Tribunal Federal. La movida fue fundamentada en la sección 306 de la ley Promesa, que concede al tribunal especial creado para atender la bancarrota de las dependencias públicas “jurisdicción exclusiva de toda la propiedad, dondequiera esté ubicada, del deudor al momento del comienzo del caso”.

“El pleito es sobre la nulidad del contrato de ellos. No es sobre los ingresos, los fondos federales ni nada que tenga que ver con pagar la deuda a los bonistas”, ripostó Domenech. “Nosotros estamos prestos y listos para cualquier acción de LUMA”, abundó.

Cuestionado sobre si han surgido problemas con el servicio energético tras las demandas, el secretario de la Gobernación respondió en la negativa.

Alertó, sin embargo, que, de surgir apagones o relevos de carga que LUMA atribuya al sistema de generación –operado por Genera PR– el gobierno los considerará “sabotaje”.

“Recordemos que el gobierno de Jennifer González Colón, en conjunto con el zar de Energía (Josué Colón), la AEE, ha aumentado en más de 1,200 megavatios la generación. Así que, en cuanto a generación, no debe haber apagones. Si hay apagones o relevos de carga que suceden por falta de generación, como habíamos dicho, vamos a interpretarlo como algún tipo de sabotaje por parte de LUMA y que veríamos eso bajo el ‘Patriot Act’, como un acto de terrorismo”, sentenció.

Domenech se mostró satisfecho con el calendario fijado por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside la reestructuración de la AEE, para atender el caso. Todas las partes, incluido el gobierno, tienen hasta el 22 de diciembre para responder a lo sometido.

Reconoció, a su vez, que, a partir de la radicación, “ha habido un intento” de negociación o diálogo de parte de LUMA, pero recalcó que no hay marcha atrás en la intención del gobierno de anular el contrato.

“Se estableció un proceso de mediación en julio y, ¿qué hicieron ellos? Paralizaron el proceso en el Tribunal Federal. Ellos no quisieron hablar, ellos no quisieron resolver. Ellos no han dado el servicio. Ellos le han mentido al pueblo de Puerto Rico. Con un operador así, no se puede seguir hablando, no se puede seguir trabajando”, declaró.