Al vencerse este lunes el término que concedió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para actuar sobre la ley que extendió el plazo de la tarifa que aplica a los consumidores que exportan la energía que producen, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que solicitó tiempo adicional para determinar cómo procederá su administración en torno al estatuto.

En una carta enviada la semana pasada, el organismo que controla las finanzas públicas consignó sus objeciones respecto a la Ley 10 de 2024 sobre el programa de medición neta, exhortó al gobierno a derogarla o enmendarla, y fijó como fecha límite este lunes para que el primer ejecutivo notificara si acataría esa postura.

“En el día de hoy (lunes), se le está solicitando un término adicional a la JSF para la toma de decisión en ese asunto, pero como yo he dicho antes, los prosumidores o consumidores no tienen que tener intranquilidad alguna porque, en ningún caso, se puede cambiar el arreglo de medición neta que tiene cualquier residente o cualquier comercio que ya tiene un sistema solar instalado”, indicó Pierluisi, tras una conferencia de prensa en la que discutió los esfuerzos de orientación sobre las ayudas federales disponibles para costear los estudios universitarios.

A preguntas de El Nuevo Día, el mandatario fue más allá y aseguró que “no importa el cambio que pueda ocurrir en la ley actual o el reglamento aplicable, no va a afectar ningún contrato, otra vez, con los consumidores”.

“Estamos ya en conversaciones con la Junta”, afirmó Pierluisi.

El Nuevo Día solicitó y, al momento de esta publicación, aguardaba por información de la JSF sobre el pedido de tiempo extra del gobierno. También se intentó abordar, sin éxito, a los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, sobre sus respectivas posiciones en torno a la exigencia del ente fiscal.

La Ley 10 de 2024, vigente desde el 10 de enero, ordena mantener las tarifas aplicables a los “prosumidores” hasta, al menos, el 2030, cuando el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debe realizar un estudio independiente, entre otras cosas, sobre los costos y beneficios del programa de medición neta.

Sin embargo, según la JSF, la Ley 10 atenta contra la independencia del NEPR y viola el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, al impedir que se haga el estudio de medición neta hasta ese año. Originalmente, el análisis que indicaría si el mecanismo de medición neta debe modificarse debía estar listo el jueves pasado, al cumplirse cinco años de la aprobación de la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019).

Por el momento, el gobernador reiteró que el NEPR es el responsable de evaluar el sistema tarifario actual.

En 2023, sobre 42,000 clientes se integraron al sistema, un promedio de más de 3,500 mensuales.