Mientras la Policía protesta por la implantación de una nueva estructura salarial que habría dejado sin los ajustes prometidos a algunos oficiales, la gobernadora Jenniffer González anunció este jueves la firma de dos nuevas leyes dirigidas a proteger las pensiones y beneficios de agentes activos y retirados.

“De esta forma, se reafirma la política pública de que las aportaciones realizadas durante la vida laboral sacrificada de los policías no deben producir una reducción en otros beneficios legítimamente concedidos”, consignó la primera ejecutiva, en un comunicado de prensa en el que anunció la firma de las nuevas legislaciones, que enmiendan la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

Se trata de la Ley 146-2026, antes Proyecto del Senado 1323, que prohíbe que el gobierno utilice los fondos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía para pagar obligaciones patronales –como licencias, horas extras y liquidaciones– ni para cubrir deficiencias presupuestarias operacionales.

Asimismo, dispone que cualquier sobrante deberá permanecer en el Fideicomiso, reinvertirse, acumularse o utilizarse exclusivamente para mejorar beneficios, aportaciones o compensaciones de retiro, incluyendo aportaciones discrecionales adicionales bajo la Ley 106-2017, siempre que sean depositadas o destinadas estrictamente para fines de retiro.

“Permitir que los fondos del Fideicomiso sean utilizados para obligaciones distintas al retiro... reduce la capacidad del Fideicomiso para mejorar la seguridad económica de los policías retirados y crea el riesgo de que recursos destinados a un fin especial sean desviados para cubrir responsabilidades operacionales o administrativas del gobierno. Ello resulta contrario a la expectativa legítima de los miembros de la Policía y al principio de sana administración fiduciaria”, lee la legislación de la autoría del senador novoprogresista Gregorio Matías.

En segundo lugar, está la Ley 147-2026, que prohíbe que se realicen descuentos o ajustes en la compensación anual de los policías retirados por concepto de ingresos recibidos del Seguro Social.

Con esta otra enmienda, la legislación local se atempera a la política pública federal tras la firma del Social Security Fairness Act (Ley de Equidad del Seguro Social). Este estatuto federal eliminó penalidades históricas como el ajuste por pensión del gobierno (GPO, en inglés) y la eliminación de ventaja imprevista (WEP, en inglés), las cuales reducían los ingresos del Seguro Social a los empleados públicos que también recibían una pensión por su trabajo en el gobierno.

“Hemos reconocido que los beneficios que reciben los miembros de la Policía de Puerto Rico a su retiro no solo constituyen la correspondiente restitución a las aportaciones realizadas, sino un reconocimiento más que legítimo a su sacrificada labor para mantener el orden”, indica el Proyecto de la Cámara 1325, ahora ley, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante, Ramón A. Torres Cruz.

Miembros de la Uniformada se manifestaron este jueves, frente al Cuartel General, en Hato Rey, para reclamar el pago del esperado ajuste salarial. En las pasadas semanas, el liderato sindical de los policías ha denunciado que les fue prometido un alza que, según ellos, ha beneficiando solo al 48% de los policías.

A finales de abril, la gobernadora anunció la implementación de una nueva propuesta de aumento salarial en todos los rangos de la Uniformada efectiva a partir de julio de 2026.

Este jueves, el superintendente de la Policía, Joseph González, reconoció que un grupo de policías no recibió un aumento en esta primera fase debido a que sus salarios ya se encontraban dentro de las escalas que fueron aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Comprendo que las expectativas de muchos compañeros no se hayan cumplido por completo en esta primera etapa. Por eso, hemos sido claros en que este es un proceso que se implementará por fases”, dijo por escrito.

“Nuestro trabajo no termina aquí. Continuamos en conversaciones con la JSF para establecer las guías de implementación de la segunda fase, la cual tiene como propósito atender la situación de aquellos miembros del sistema de rango que no se beneficiaron de esta primera etapa. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día, y seguimos trabajando para cumplirlo”, abundó el jefe de la Uniformada, quien dijo " respetar" el derecho de los gremios a manifestarse.

La mandataria firmó también otras tres leyes para fortalecer el sistema de recopilación y publicación de estadísticas; preservar la herencia afrocaribeña al fijar el 21 de marzo de cada año como el Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza, y ampliar las opciones de comparecencia a vistas adjudicativas municipales, al reconocer el uso de la videoconferencia como un mecanismo válido.