Caguas - Inmediatamente escuchó su nombre, María Hidalgo contestó con un fogoso “yo” al llamado de la gobernadora Jenniffer González, quien tenía en sus manos las llaves de su apartamento remodelado y apto para ser habitado por personas de edad avanzada o con impedimentos.

Hidalgo estuvo entre los siete propietarios –de 13 en total– de apartamentos que la primera ejecutiva entregó este martes en el residencial Juan Jiménez García, en Caguas. Al recibir las llaves, la mujer, de 62 años, lloró con mucho sentimiento.

“Ahora, voy a estar más cómoda”, dijo Hidalgo cuando El Nuevo Día le preguntó por qué había respondido con tanto ímpetu y, luego, en llanto.

Mediante un contrato con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) –llamado “Voluntary Compliance Agreement”–, la Administración de Vivienda Pública (AVP) remozó los apartamentos que forman parte de los 2,586 que trabajarán en los 328 complejos a través de la isla a cargo de la dependencia de gobierno. Al momento, ya se han trabajado 1,400.

Los trabajos responden a parámetros exigidos por el gobierno federal –en este caso, HUD– para que entre un 2% a 5% de los apartamentos cumplan con las exigencias de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Ley ADA, en inglés).

La gobernadora precisó que, para los trabajos en el residencial Juan Jiménez García, se invirtieron $1,477,997.56.

“Se van a entregar el resto (unidades remodeladas del residencial) antes del 29 de mayo”, indicó González, quien anticipó que, de cara al próximo año fiscal –que inicia el 1 de julio– estará aumentando la asignación de $30 millones que destinó en el presupuesto vigente para amas de llaves que atiendan a población vulnerable.

Sobre por qué tardó tanto la remodelación de las unidades de vivienda, el administrador de la AVP, Juan Rosario, explicó que, bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi, “todo estaba paralizado por la supervisión y la administración” y solicitaron extensiones para poder cumplir con el proyecto.

“Nosotros, a nivel federal, movimos para que nos autorizaran la extensión”, agregó la gobernadora, no sin antes aclarar que los trabajos deben estar listos en o antes de julio de 2027.

De otra parte, el secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, aseguró que trabajan con HUD para implantar medidas correctivas y evitar la pérdida de fondos federales, luego que la Oficina del Inspector General (OIG) de la dependencia federal recomendó que el gobierno de Puerto Rico rehabilite instalaciones de un programa de resiliencia energética e hídrica de la agencia estatal o reembolse más de $19 millones.

“Lo importante con este asunto es que ha sido un proyecto efectivo en la operación y cómo se ha impactado positivamente a nuestra gente. Obviamente, nosotros vamos a responder cada uno de esos señalamientos. Los vamos a atender y, obviamente, vamos a tener las medidas correctivas que sean necesarias. Pero, de nuestra parte, estamos bien pendientes porque no queremos poner en riesgo ningún tipo de fondo federal”, afirmó Martínez Román.

En síntesis, la OIG de HUD señaló deficiencias en el Programa de Instalaciones Comunitarias de Resiliencia Energética e Hídrica, de Vivienda estatal, porque “los sistemas fotovoltaicos y los tanques de agua instalados en los hogares de los participantes presentaban deficiencias”.

Ese fue el hallazgo a base de muestras estadísticas de casos del programa –que contó con un presupuesto de $395 millones y fue parte de la iniciativa Reparación, Reconstrucción o Reubicación– que fueron cerrados entre el 1 de diciembre de 2021 y el 9 de mayo de 2024.