La gobernadora Jenniffer González Colón ordenó este lunes presentar una demanda contra la empresa NFEnergía LLC (NFE), subsidiaria de New Fortress Energy Inc., para exigir el cumplimiento de las disposiciones contractuales que permiten activar un suministro alterno de gas natural mediante un acuerdo de “tolling”.

Mediante un comunicado de prensa, la funcionaria aseguró que el recurso ante el Tribunal Federal en San Juan buscará garantizar la continuidad en el suministro de combustible para la generación eléctrica.

“El contrato con NFE prevé una solución para cuando la empresa no pueda suplir gas: abrir su terminal para que la AEE, a través de Genera, pueda traer gas de otro suplidor. Sin embargo, NFE se ha negado. Es por ello que le pedimos al Tribunal Federal que ordene cumplir con lo pactado, para proteger al pueblo de Puerto Rico del costo y del riesgo de operar con diésel”, expresó la gobernadora.

Explicó que, desde el 16 de septiembre, NFE no suple gas natural a las unidades 5 y 6 de la central San Juan, las cuales desde entonces operan con diésel, un combustible de mayor costo.

Agregó que el contrato de suministro de gas, suscrito el 4 de diciembre de 2025, dispone que, si NFE no entrega el combustible o invoca una situación de fuerza mayor, deberá entrar en acuerdos de “tolling”. Detalló que este mecanismo permite que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) procure gas natural de un suplidor alterno utilizando la terminal de NFE en San Juan.

Sostuvo que la AEE activó esa disposición contractual el 22 de septiembre, pero NFE se ha negado por escrito en dos ocasiones a proceder con el mecanismo establecido en el contrato.

Ante esta situación, la AEE, a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP o P3) y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), presentará hoy una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra NFE.

Informó que, mediante el recurso judicial, se solicita que NFE confirme por escrito la disponibilidad de su terminal para recibir gas natural de un suplidor alterno, designe un representante para atender el proceso, entregue los protocolos y criterios aplicables para recibir embarcaciones, y se abstenga de tomar acciones que impidan la entrada y recepción de gas natural suministrado por un tercero.

Asimismo, se solicita que NFE evalúe de buena fe la embarcación propuesta por el suplidor alterno y negocie el correspondiente acuerdo de “tolling” dentro de un calendario establecido por el Tribunal.

La acción presentada no reclama daños en esta etapa, aunque la AEE se reserva los derechos que le correspondan, informó La Fortaleza. Tampoco solicita al Tribunal ordenar el movimiento de embarcaciones, alterar las órdenes existentes relacionadas con el caso de la Asociación de Prácticos de la Bahía de San Juan, ni determinar responsabilidad o culpa sobre las controversias existentes.

El objetivo de la acción judicial es hacer valer el mecanismo contractual diseñado precisamente para atender situaciones en las que NFE no pueda suministrar el gas natural requerido.

En caso de que NFE reanude sus entregas de gas natural, el propio contrato contempla ese escenario y dispone cuándo cesaría la utilización del mecanismo de “tolling”.

Previo a la presentación de la demanda, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Oficina del Zar de Energía habían informado al Tribunal que, aunque no son partes en el litigio relacionado con los Prácticos del Puerto de San Juan, estaban disponibles para facilitar conversaciones dirigidas a resolver la situación.

Como parte de esas gestiones, los abogados de la AAPP han mantenido comunicación con las partes pertinentes, incluyendo los Prácticos del Puerto, NFE y 3PPO, entidad que administra el contrato de NFE en representación de Genera PR.

AAPP también había solicitado a 3PPO intervenir con mayor rigor para atender la situación y activar, conforme a las disposiciones contractuales, el mecanismo que permite recurrir a un suplidor sustituto.

Además, la pasada semana se presentó una nueva moción ante el Tribunal exponiendo la importancia y urgencia de atender la controversia debido a su impacto sobre el suministro de combustible necesario para la generación eléctrica.

“Estamos utilizando las herramientas que provee el propio contrato para garantizar alternativas de suministro y proteger la continuidad de la generación eléctrica. Nuestra prioridad es que Puerto Rico cuente con el combustible necesario y evitar que los consumidores tengan que asumir innecesariamente los costos asociados al uso prolongado de diésel”, concluyó la gobernadora.