La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), la jueza Enid Gavilán Pérez, afirmó este jueves que los señalamientos sobre presuntos intentos de influir en los votos de jueces del Tribunal Supremo en el caso del contrato de LUMA Energy deben estar respaldados por evidencia.

“Es difícil ejercer esa independencia judicial cuando se traen a la palestra pública insinuaciones sobre posibles actos que hayan cometido o que pudiesen haber cometido jueces o juezas”, sostuvo Gavilán Pérez en entrevista con Lo de Hoy, de El Nuevo Día.

Una expresión de esa naturaleza, añadió, “tiene que venir acompañada de evidencia”.

La controversia surgió el miércoles, luego de que el abogado y analista político Eddie López dijera en el programa Nación Z que, según sus fuentes, la gobernadora Jenniffer González Colón presuntamente llamó a jueces del Supremo para que cambiaran sus votos y anularan el contrato de LUMA.

La mandataria negó haber intervenido con los jueces y aseguró que acatará la decisión del máximo foro.

Gavilán Pérez dijo que, a su juicio, “la información que hemos visto a través de los mismos medios de comunicación no refleja que eso haya sucedido”. También se unió al llamado de la jueza presidenta del Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, a preservar la confianza en los procesos judiciales.

“Tenemos que estar exentos de cualquier tipo de presión”, afirmó Gavilán. Señaló que, al prestar juramento, los jueces se comprometen a resolver las controversias conforme a las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos y al ordenamiento jurídico.

La presidenta y principal oficial ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, reclamó el miércoles una “investigación inmediata, rigurosa y transparente” para esclarecer si ocurrieron los presuntos hechos. Al preguntársele si procedería una pesquisa, Gavilán Pérez expresó preocupación por el efecto que podría tener sobre la labor de los jueces que deben resolver el pleito.

“Si vamos a hablar de una investigación estaríamos abriendo una caja de Pandora, porque realmente estaríamos entrando en lo que es justamente esa discreción judicial al emitir una determinación”, sostuvo.

“Yo creo que debemos dar el espacio para que pueda atender el Tribunal Supremo oportunamente la controversia relacionada a LUMA”, añadió.

También recordó que, al asumir el cargo, los jueces ven limitada su libertad para expresarse públicamente.

Al preguntársele cómo se atiende una comunicación impropia dentro de la Rama Judicial, Gavilán Pérez indicó que, “si un juez o jueza recibe una presión indebida, obviamente debe comunicarlo a la administración de los tribunales”.

La jueza señaló que las partes pueden impugnar una decisión mediante los procedimientos establecidos. En el caso de un señalamiento contra la integridad de quien la emite, insistió en que debe haber evidencia que lo sustente.

“Una cosa es no estar de acuerdo con una determinación judicial y otra hacer una imputación seria contra la credibilidad de un juez o jueza, y eso tiene que estar acompañado entonces de algo que sustente esa alegación”, expresó.

Gavilán Pérez también defendió la reforma judicial que firmó González Colón y que redistribuye responsabilidades administrativas entre el pleno del Tribunal Supremo y la jueza presidenta. Oronoz Rodríguez había expresado objeciones a la medida.

“Nuestra asociación apoyó la reforma judicial porque entendemos que redunda en mayor transparencia de los procedimientos”, afirmó Gavilán.

“Tenemos un Tribunal Supremo colegiado, así es que, si damos lectura a lo que establece la Constitución, entendemos que no hay un choque constitucional”, reiteró.

Gavilán Pérez destacó que la ley “reconoce a la jueza presidenta el poder incluso de nombrar al administrador o administradora de los tribunales”.

A su juicio, los cambios darán mayor transparencia a decisiones como la asignación de jueces a salas y las designaciones en las regiones judiciales.