La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico , Maite D. Oronoz Rodríguez, defendió este miércoles la independencia de la Rama Judicial y advirtió que ninguna persona, independientemente del cargo que ocupe, puede intervenir en las determinaciones de los tribunales.

De esta forma, reaccionó a la información que trascendió y que apuntaba a que la gobernadora Jenniffer González Colón presuntamente se comunicó directamente con jueces del Supremo para influir en el caso presentado para cancelar el contrato con el consorcio LUMA Energy.

Las declaraciones de Oronoz Rodríguez surgieron luego de que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazara “categóricamente” las alegaciones, mientras la presidenta y principal oficial ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, exigió una “investigación inmediata”.

“Expreso con absoluta claridad que ninguna persona, sin importar el cargo que ocupe o el poder que ejerza, puede intervenir en una determinación judicial”, dijo Oronoz Rodríguez, quien señaló que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.

“Supone que los jueces y las juezas resuelvan las controversias ante su consideración con imparcialidad, conforme al Derecho y a los argumentos presentados ante el Tribunal, libres de presiones, intereses políticos o influencias externas, independientemente de su procedencia”, mencionó la jueza presidenta.

En esa línea, mencionó que la independencia judicial no es solamente una garantía institucional; es también una garantía fundamental de la ciudadanía, “que tiene derecho a que sus controversias sean resueltas conforme al Derecho y no mediante criterios arbitrarios o influencias ajenas a la función judicial. Es, además, una responsabilidad individual e irrenunciable de cada persona que viste la toga”.

Oronoz Rodríguez planteó que confía en que los jueces y las juezas que integran el Tribunal Supremo cumplen y continuarán cumpliendo fielmente con ese deber, resolviendo las controversias ante su consideración con la imparcialidad, independencia e integridad que exige su función.

“La toga no responde a presiones ni a intereses particulares. Responde únicamente a la Constitución, a las leyes y a la obligación de impartir justicia con absoluta independencia. Esa es la responsabilidad que asumimos, la que juramos y la que nuestro pueblo tiene derecho a exigirnos”, puntualizó.

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