La Fortaleza y el consorcio LUMA Energy protagonizaron este miércoles un nuevo enfrentamiento luego de que trascendiera que la gobernadora Jenniffer González Colón presuntamente se comunicó directamente con jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico para influir en el caso que busca sacar a la empresa energética del país.

Ante la denuncia, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó “categóricamente” las alegaciones de que la gobernadora se haya comunicado con integrantes de la Rama Judicial para influir en el caso contra LUMA Energy, que comenzó luego de que el gobierno presentara una demanda contra dicho consorcio.

“La gobernadora no se ha comunicado con ningún juez o jueza para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial, ya no saben ni qué inventar. Esos señalamientos son falsos y difamatorios”, expresó Peña Payano, en declaraciones escritas enviadas a los medios.

La información trascendió luego de que el licenciado y analista político, Eddie López, revelara en su programa Nación Z, que fuentes le indicaron que la gobernadora, presuntamente, estaba llamando a jueces Supremo para que cambiaran sus votos y anulen el contrato de LUMA.

“Ella misma (está) levantando el teléfono para hacer ofertas adelantadas de Black Friday nada más y nada menos, alegadamente, que a jueces del Tribunal Supremo para que cambien su voto y anulen el contrato de LUMA”, dijo.

“Y se le ofreció a uno darle una promoción, un ascenso, una renominación a una pareja suya y al otro, a través de un familiar, alegadamente ofrecerle contratos de gobierno. Me parece que todos los jueces del Tribunal Supremo son unas personas íntegras y de mucha excelencia y sé que, de esto ser cierto, se van a apartar y, de probarse cierto, tendría que tener unas consecuencias inmediatas y ser repudiadas por quienes reciban estas ofertas”, puntualizó López.

Sin embargo, la presidente y principal oficial ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, no despachó el asunto y exigió una “investigación inmediata, rigurosa y transparente” de los señalamientos contra la mandataria.

“Los señalamientos que han surgido públicamente sobre alegados intentos de influir en decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención. Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron”, dijo Quiñones, en un comunicado de prensa.

La ejecutiva planteó que confía plenamente en la integridad del Tribunal Supremo y en que sus decisiones se fundamentarán exclusivamente en la ley y en los méritos de los casos ante su consideración, libres de presiones externas o intereses políticos.

“Nuestra preocupación no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución. Surge de la seriedad de unas alegaciones que, de confirmarse, afectarían la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial”, mencionó la presidenta del consorcio encargada del sistema de transmisión y distribución en el país.

“No estamos solicitando un trato especial ni favoreciendo un resultado en particular. Nuestra posición se presenta y se defiende ante el Tribunal mediante los mecanismos establecidos por ley. Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia”, agregó.

En ese contexto, Quiñones dijo que este asunto trasciende el caso de LUMA y que “la fortaleza de una sociedad democrática depende de la confianza de su gente en la imparcialidad de sus instituciones”.

“Cuando las empresas deciden invertir, generar empleos y desarrollar proyectos en Puerto Rico, lo hacen con la expectativa de que las controversias se atenderán mediante procesos justos, independientes y confiables. La credibilidad de nuestras instituciones es esencial para el progreso y la estabilidad del país”, indicó la CEO.

Comentó que, por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico, estas alegaciones exigen una investigación inmediata, rigurosa y transparente.

“Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley. Lo que está en juego no es un caso en particular, sino la confianza de nuestro pueblo en la imparcialidad de la justicia y en la fortaleza de las instituciones que sostienen nuestra democracia. Cuando surgen dudas de esta magnitud, la única respuesta aceptable es la verdad”, puntualizó.