La gobernadora Jenniffer González firmó una medida legislativa que da un plazo de 30 días a dependencias de gobierno y al consorcio LUMA Energy para encaminar los trámites necesarios para que los residentes en la comunidad Villas del Sol, en Toa Baja, puedan contar con conexiones legales a los servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillados, así como vías de tránsito.

La Resolución Conjunta 64-2026 -previamente la Resolución Conjunta de la Cámara 186- establece que LUMA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberán iniciar, a 30 días de la aprobación de la medida, todas las gestiones “administrativas y técnicas” para poder realizar mejoras permanentes que viabilicen las conexiones legales y mejoras a las carreteras.

“La comunidad Villas del Sol, ubicada en el municipio de Toa Baja, ha enfrentado por años una situación precaria debido a la falta de acceso legal a los servicios de energía eléctrica y acueductos y alcantarillados. Esta carencia no solo vulnera los derechos humanos de sus residentes, sino que también representa un riesgo a la salud, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias puertorriqueñas”, lee la exposición de motivos de la legislación.

Villas del Sol se estableció, inicialmente, como un rescate de terrenos en el barrio Ingenio. Posteriormente, en 2010, la comunidad fue reubicada a otros terrenos mediante una permuta gestionada por el gobierno central y el Municipio de Toa Baja, y se organizaron bajo la Cooperativa de Vivienda de Autoconstrucción y Ayuda Mutua Villas del Sol.

De acuerdo con La Fortaleza, la comunidad está compuesta por 176 familias.

Estas han carecido de acceso oficial a las utilidades, lo cual han reclamado desde lo que identificaron como su “desalojo forzoso”.

“Por años, las familias residentes de Villas del Sol han dependido de conexiones de energía eléctrica no oficiales y que les impiden contar con un servicio confiable. Lo mismo sucede con los servicios de agua y el alcantarillado. Asimismo, carecen de infraestructura básica, como lo es el encintado de las carreteras; de modo que las escorrentías pluviales no afecten sus viviendas durante eventos de fuertes lluvias”, señala la resolución.

La medida firmada por la gobernadora, además, da un plazo de 60 días a las entidades involucradas para presentar un informe a la Legislatura con un “plan de trabajo, cronograma estimado para las mejoras a realizarse y recursos necesarios”, lo cual deberá contener detalles sobre el estado actual del suministro eléctrico y de agua, y las carreteras, un listado de las mejoras necesarias y un estimado del financiamiento requerido, entre otros.

Por otro lado, González también convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 208, el cual dispone que las instituciones de educación postsecundarias en Puerto Rico deben reconocer la Fuerza Espacial (“Space Force”) como la más reciente rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De este modo, los estudiantes que se enlisten en la Fuerza Espacial deberán recibir los mismos beneficios que estudiantes que sean parte de otros cuerpos militares.

“Estas protecciones incluyen mecanismos de reembolso, crédito, acomodo y prioridad, según corresponda, para atender las interrupciones en los estudios que puedan surgir como consecuencia del servicio militar”, estableció La Fortaleza, mediante comunicado de prensa, sobre la nueva Ley 201-2026.

La primera ejecutiva, del mismo modo, firmó el Proyecto del Senado 190, que enmienda la “Ley de Manos Pa’l Campo”, para abarcar todas las actividades agrícolas y no solo la cosecha de café en los esfuerzos del gobierno para reclutar mano de obra. La nueva Ley 203-2026 dispone que se deben establecer acuerdos entre el Departamento de Agricultura, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de de Corrección y Rehabilitación para incluir a la población correccional entre la mano de obra local disponible para trabajar en la agricultura. De no haber suficiente mano de obra local, la ley indica que se deben establecer medidas para reclutar personas extranjeras.

González firmó también el Proyecto del Senado 896 (Ley 204-2026), el cual establece una excepción a las protecciones laborales de los pacientes registrados y autorizados a utilizar cannabis medicinal cuando realicen “funciones sensitivas de transporte”.

Asimismo convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 315 (Ley 202-2026) para enmendar el Código Electoral del 2020 con el fin de incorporar una definición para lo que constituye “propaganda política”. La definición ahora es: “cualquier letrero, rótulo, pegatina, audio, visual, pantalla electrónica, o cualquier medio similar colocado o exhibido en lugares públicos mediante el cual se promueva, apoye, favorezca, rechace, se oponga o procure influir en la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante, candidato, comité o asunto electoral”.

Por otro lado, la mandataria vetó el Proyecto del Senado 759. Esta, según su exposición de motivos, le habría otorgado responsabilidad exclusiva al DTOP para supervisar y reglamentar las escuelas de conductores categoría 3 (vehículos de motor), mientras que le correspondería al Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos “la jurisdicción exclusiva para regular las escuelas que ofrezcan adiestramientos conducentes a la obtención de licencias de chofer, (y) de conductor de vehículos pesados de motor”.