Como preámbulo a la reunión que está solicitando, la Federación de Alcaldes envió una carta al administrador de la Región 2 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Christopher Hartnett, defendiendo la legalidad en la práctica de que los municipios cobren arbitrios sobre proyectos de construcción, incluyendo aquellos pagados con fondos federales tras los desastres naturales recientes.

De paso, la Federación refutó las recientes expresiones del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, quien, al pedir a FEMA que se exprese sobre el proceder de los ayuntamientos –de establecer tasas distintas sobre proyectos subvencionados por el gobierno estadounidense– calificó esa acción como una “sin precedentes”.

“Rechazamos esa caracterización, que presenta el ejercicio de una facultad impositiva expresamente reconocida por ley, sin tener en cuenta el contexto fiscal impuesto a los municipios ni distinguir entre un impuesto dirigido exclusivamente a fondos federales y una clasificación aplicable a proyectos financiados con recursos estatales, federales o municipales”, lee la carta, de siete páginas, firmada por el presidente de la Federación, Gabriel Hernández.

La Federación agrupa a los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista.

La misiva recalca que el Código Municipal faculta a los ayuntamientos a cobrar arbitrios de construcción, cuya tasa varía a tono con las ordenanzas aprobadas.

“En lo que respecta a los arbitrios sobre la construcción, el Artículo 2.109(c) del Código Municipal autoriza su imposición y cobro mediante el ejercicio de las facultades contributivas municipales. Dicha disposición abarca expresamente los proyectos realizados por personas naturales o jurídicas privadas para, en nombre de, o en virtud de un contrato o subcontrato con agencias e instrumentalidades de los gobiernos estatal, municipal o federal. Por consiguiente, la naturaleza pública de un proyecto o el origen gubernamental de su financiamiento no generan, per se, una exención del arbitrio sobre la construcción aplicable”, dice la carta.

“Tampoco cabe presumir que se aplique una tarifa diferenciada exclusivamente a los fondos federales cuando la ordenanza otorga el mismo trato a una categoría de proyectos financiados con recursos estatales, federales o municipales. La Federación sostiene que la mera existencia de tarifas distintas o diferenciadas no constituye discriminación contra el gobierno federal ni respalda la conclusión de que los impuestos especiales sobre la construcción sean improcedentes en todos los proyectos de reconstrucción”, agrega.

De acuerdo con la JSF, hubo 22 ayuntamientos que impusieron arbitrios más altos a los proyectos financiados con dinero federal dirigidos a obras de reconstrucción tras los desastres naturales de la pasada década.

La JSF pidió a FEMA que se exprese sobre la práctica de esos 22 pueblos que optaron por imponer arbitrios de construcción más elevados cuando se trata de proyectos de construcción pagados con fondos federales.

Sobre ese particular, la Federación estableció, en la carta: “Reconocemos que la admisibilidad del costo en el marco de cualquier asignación de fondos gubernamentales requiere su propio análisis. No obstante, una discrepancia sobre dicha admisibilidad no justifica presumir automáticamente una conducta abusiva o discriminatoria por parte de los municipios que administran y aplican sus respectivas ordenanzas fiscales”.

Simultáneamente, la Federación pidió a Hartnett una reunión “antes de que FEMA emita criterios generales que puedan afectar los proyectos de reconstrucción o los ingresos municipales”.