La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) requirió una certificación de que el Departamento de Educación contará con los cerca de $58 millones anuales que necesitará para poner en vigor el Plan de Clasificación y Retribución de los empleados no docentes, plan que ha estado elaborando cerca de dos años.

En una misiva enviada a Educación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, estableció que el ente fiscal no está en posición de evaluar el Plan de Clasificación y Retribución para los empleados no docentes del servicio de carrera, ya que no recibió datos sobre su impacto fiscal.

“Un compromiso de esta magnitud no puede evaluarse sin documentación que confirme la disponibilidad de suficientes recursos recurrentes para financiarlo”, señaló Mujica.

“Dada la magnitud del impacto fiscal propuesto, la disponibilidad de fondos recurrentes es un factor fundamental en la evaluación de la Junta de Supervisión. Evaluar un plan de retribución de esta escala sin documentación que confirme la disponibilidad y las fuentes de los fondos suscita serias preocupaciones en cuanto a su sostenibilidad fiscal y su consistencia con el Plan Fiscal certificado del gobierno de Puerto Rico y el presupuesto certificado”, añadió la carta, que tiene fecha del 3 de noviembre.

De inmediato, no fue posible obtener una declaración de Educación.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, había indicado, en una vista pública ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, a principios de octubre, que el plan impactaría a unos 11,800 empleados de la agencia, de los cuales casi 9,000 podrían recibir un aumento salarial.

Los empleados no docentes en servicio de carrera son aquellos que realizan trabajos de oficina, administrativos, técnicos, en puestos diestros o semidiestros, entre otros, que ocupan plazas regulares, según el Reglamento de Personal de la agencia.

Mujica resaltó que Educación no presentó evidencia para respaldar el análisis sobre el costo de $58 millones anuales ni datos sobre los trabajadores que serían impactados. Tampoco hizo llegar información que respalde los cambios propuestos en plazas y que compare las funciones de nuevas plazas con aquellas de puestos existentes.

“En su revisión de la lista de datos de los empleados presentada por el DEPR (Departamento de Educación), la Junta de Supervisión identificó varios casos en los que los empleados serían asignados a clases de puestos propuestas cuyas funciones parecen conllevar responsabilidades, complejidad y autoridad organizacional sustancialmente mayores que las correspondientes a su clasificación actual y, por lo tanto, no parecieran ser equivalentes a las clases de puestos propuestas”, indica el documento.

Además, hizo hincapié en que el Plan de Clasificación y Retribución debe estar alineado con el plan financiero multianual que la JSF requirió a Educación. La agencia tendrá que revisar el plan que entregó, luego que la JSF detallara, el 22 de octubre, una serie de deficiencias, entre ellas, la falta de financiamiento para atender la merma en fondos federales que enfrenta.

Además de la certificación sobre la disponibilidad de fondos, Mujica detalló que Educación y la OGP deben presentar un análisis de la OGP sobre su impacto fiscal y cómo se integra su financiamiento en el plan financiero multianual. Además, deberá entregar información sobre las clasificaciones propuestas, cómo comparan con datos del Negociado de Estadísticas del Trabajo y detalles sobre los empleados actuales en la agencia.

La carta no precisa una fecha límite para la entrega de la información.

“La Junta de Supervisión no podrá completar su revisión del Plan de Clasificación y Retribución Propuesto hasta que reciba esta información. Entretanto, el Plan de Clasificación y Retribución Propuesto no debería implementarse”, indicó Mujica.