La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio hasta el 11 de agosto para que el gobierno identifique de dónde saldrían los $7 millones que costaría el aumento salarial para los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En una carta remitida a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la JSF cuestionó, además, que la Ley 156-2024 –que establece el salario base de $2,300– incluya un incremento salarial exclusivamente para las personas bajo la clasificación de vigilantes y excluya al resto de los funcionarios de rango del Cuerpo de Vigilantes.

“Al establecer salarios mínimos para una sola categoría o rango dentro del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, la ley corre el riesgo de alterar la estructura salarial general y perjudicar la jerarquía de rangos actual, al tiempo que socava la capacidad del gobierno para implementar un sistema de remuneración cohesivo, holístico y basado en datos que garantice la equidad y la competitividad en el mercado en todos los niveles y puestos”, lee la misiva suscrita por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

Según el documento, esta falta de uniformidad va en contra de la Reforma del Servicio Público (RSP), por lo que la Junta instó al DRNA a reunirse con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh) para “para explorar posibles formas de revisar la estructura salarial de todo el Cuerpo de Guardaparques, en todos los rangos, de conformidad con el RSP y el Plan Fiscal”.

El que aún no se haya puesto en vigor la Ley 156-2024 fue el motivo principal para que se llevara a cabo el llamado “green flu”, o un ausentismo masivo entre estos funcionarios, durante los fines de semana festivos de julio.

El viernes, 25 de julio, se reportó un 30% de ausentismo, incluyendo unidades en las que solo llegaron los supervisores de los turnos, como fue el caso de Aguadilla, Arecibo, Toro Negro y Ponce. La falta de vigilantes provocó que tuvieran que complementar los trabajos del Cuerpo de Vigilantes con la división de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía para velar las costas ante la alta afluencia de bañistas y embarcaciones.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, indicó este martes que la información adicional que requiere la carta “fue entregada deficientemente cuando se sometió la ley y se aprobó”, y que trabajarían para entregarla correctamente para el 11 de agosto.

“Los fondos recurrentes ya están identificados, y les hablo a mis compañeros vigilantes que están viendo esto ahora: su aumento viene. (...) Me hago responsable de ese aumento. Yo lo heredé, no lo creé, pero lo estoy tomando como mío y bajo mi responsabilidad”, indicó en conferencia de prensa en La Fortaleza.