A poco más de un mes del asesinato de un coronel en el cumplimiento del deber en Ponce, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida dirigida a agilizar la captura de sospechosos en casos de violencia contra agentes del orden público.

Se trata del Proyecto del Senado 103, ahora conocida como la Ley 89-2026, de la autoría del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, y de la coautoría de Jeison Rosa Ramos, Gregorio Matías Rosario y Migdalia Padilla Alvelo.

En resumen, el estatuto establece la “Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL” en Puerto Rico, un mecanismo que tiene como objetivo facilitar la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, herir gravemente o asesinar a oficiales en la isla.

En resumen, la ley no solo permitirá dar seguimiento a sospechosos en casos donde policías estatales, municipales o agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) resulten perjudicados, sino que servirá para localizar a oficiales desaparecidos.

La legislación enmienda la Ley 20-2017 del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, para atemperarla con las nuevas disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa como resultado de la medida radicada el 2 de enero de 2025.

“Puerto Rico no es la excepción cuando se trata de oficiales heridos en el cumplimiento del deber: a diario hombres y mujeres de ley arriesgan sus vidas para mantener el orden y la seguridad en nuestras calles, exponiéndose a todo tipo de amenazas que pueden resultar fatales”, sostiene la exposición de motivos de la ley.

Según la medida, entre los años 2019 y 2023, más de 13 agentes de la Policía de Puerto Rico fallecieron en el cumplimiento de sus funciones al verse involucrados en tiroteos o enfrentamientos armados con criminales, según la División de Estadísticas de la Uniformada.

En lo que va del 2026, dos policías han fallecido en el cumplimiento del deber, siendo el más reciente el coronel Eddie Santiago Renta, de 49 años, quien fue mortalmente baleado durante un operativo encubierto en el estacionamiento de una megatienda en Ponce.

“Casos tan trágicos como los del sargento Erasmo García Torres en Ponce o el de los oficiales (Luis) Marrero Díaz y (Luis) Salamán Conde en Carolina representan el riesgo al que se enfrentan nuestros oficiales diariamente”, añade la legislación.

De acuerdo al estatuto, la Alerta AZUL busca implementar en Puerto Rico un sistema de prevención igual que otros sistemas ya empleados, tales como las Alertas Ashanti, Silver, Rosa, AMBER y Mayra Elías.

“La isla cuenta con una plataforma capaz de transmitir de forma rápida y efectiva cualquier señal de emergencia evitando fatalidades de oficiales de ley y ciudadanos por igual”, indica la medida.

Por esta razón, la Asamblea Legislativa consideró que al implementar el sistema de la Alerta AZUL se brindará una red de apoyo más efectiva para prevenir y contrarrestar las amenazas a las que los oficiales están sujetos al cumplir con su deber, así como “agradecerles por sus servicios velando por su integridad física”.

Con la aprobación de la ley, la Policía de Puerto Rico debe establecer un “Plan de Alerta AZUL”, cuyo propósito será activar el protocolo a seguir por las agencias de seguridad y entidades públicas cuando ocurran casos que involucren a agentes de ley y orden.

La Policía será la agencia primaria responsable de operar el plan y de determinar si procede o no activar el protocolo. Por ende, tiene 180 días a partir de la aprobación del estatuto para trabajar en el reglamento, que deberá someter ante la Asamblea Legislativa.

La Alerta Azul podrá activarse en tres escenarios principales: cuando un agente del orden público sea asesinado, sufra heridas graves o sea atacado con intención de muerte o daño grave en el cumplimiento del deber; cuando exista una amenaza creíble e inminente con sospechosos aún no capturados; o cuando un oficial desaparezca en conexión con sus funciones.

En todos los casos, se requiere que exista información suficiente para identificar a los sospechosos, incluyendo posibles datos de vehículos y licencias, y que la Policía de Puerto Rico confirme la situación según cada criterio establecido.

“Toda persona que, mediante querella o solicitud, declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido uno de los crímenes anteriormente mencionadas en esta ley, que provoque la activación de esta alerta y los recursos del Estado, incurrirá en delito menos grave con pena de multa fija de $1,000″, establece la legislación.

Además de la medida sobre oficiales del orden público, la gobernadora firmó otras cuatro, entre ellas, el Proyecto del Senado 40, que se convirtió en la Ley 88-2026, de la autoría del presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz y de la coautoría de los senadores Wilmer Reyes Berríos, Rosa Ramos, y Brenda Pérez Soto.

La medida enmienda la Ley 134-1969 de Explosivos de Puerto Rico para ajustar las penas al sistema actual de penas fijas, sustituyendo el esquema de penas por grados por sanciones determinadas. Además, actualiza el lenguaje relacionado con confiscaciones para alinearlo con la legislación vigente.

De igual forma, González Colón firmó la Ley 90-2026, antes el Proyecto del Senado 770 y el Proyecto de Administración 79, que nació de una propuesta que sometió precisamente la gobernadora.

El estatuto deroga la Ley 212-2014 de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo, a fin de eliminar del ordenamiento jurídico un organismo interagencial inoperante desde 2015, evitar duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental.

La Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo, tuvo como propósito establecer una política pública dirigida a preservar, desarrollar y fomentar el Tren de Arroyo creando un Comité Interagencial para esos fines.

“Han transcurrido tres décadas desde el establecimiento del Comité Interagencial para promover el Tren de Arroyo como atractivo turístico, y este nunca se consolidó como un cuerpo funcional. De hecho, desde el año 2015 no se han realizado nombramientos de sus integrantes, lo cual ha resultado en su inactividad absoluta.”, dice el comunicado de prensa.

Asimismo, la mandataria estampó su firma en la Ley 91-2026, antes Proyecto del Senado 919 y Proyecto de Administración 94, también presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

La medida enmienda la Ley 45-1935 del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para establecer un mecanismo de financiamiento más estable y predecible para la Comisión Industrial de Puerto Rico. Esto se logra mediante la asignación automática del 4% de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

El propósito es reducir trabas burocráticas y permitir que la Comisión maneje sus recursos con mayor autonomía y agilidad.

Asimismo, González Colón dio paso a la Resolución Conjunta 29-2026 designa la PR-4128, en su totalidad, como “Paseo del Bicentenario”, en el Desvío Sur de Lares, en conmemoración del bicentenario de la fundación del municipio.

La medida busca honrar los 200 años de la autorización de su establecimiento, ocurrida el 26 de abril de 1827, fecha que marcó el inicio del proceso de organización municipal de Lares.