Ante cuestionamientos sobre la dilación en atender el asunto, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, defendió este martes que la orden de la Policía para remover las escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no fue la primera acción ejecutiva a esos fines y que, pese a las críticas, lo importante es que la decisión “se tomó”.

Recordó que, aparte de solicitar, en febrero, una opinión legal al Departamento de Justicia, que finalmente fue recibida el lunes, la gobernadora Jenniffer González presentó un proyecto de administración para eliminar el derecho a escoltas de los exgobernadores convictos, luego de vetar el Proyecto del Senado (PS) 752.

“(La gobernadora) radicó un proyecto de ley para atender el tema, el Ejecutivo participó en esas vistas públicas, dieron sus opiniones. Respecto a la circunstancia que ocurrió, la gobernadora dio instrucciones, luego de un análisis que hizo el Departamento de Justicia, a la Policía para dejar sin escoltas a la señora exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Se tomó (la determinación). Más allá de si es tarde o no, se tomó”, dijo Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Reaccionó, de esta forma, a los señalamientos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien describió la remoción –trascendida más temprano este martes– como “otra decisión tardía” de la administración de González, con quien mantiene una pugna pública.

En octubre, Justicia avaló el PS 752, de la autoría del senador Juan Oscar Morales. Dos meses después, la gobernadora vetó la medida.

“El Departamento de Justicia apoya firmemente la disposición legislativa que dispone la pérdida automática del derecho a escolta o protección oficial para todo exgobernador o exfuncionario convicto por delito grave o menos grave”, lee parte del memorial explicativo de Justicia, con fecha del 15 de octubre de 2025.

Más temprano hoy, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, dijo que la gobernadora solicitó, el 18 de febrero, la opinión legal a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, y que ayer, lunes, recibió “la notificación de que, basado en el análisis de Justicia, determinaron que la exgobernadora no tiene el derecho a la escolta”. La remoción se concretará en un término que aún se evalúa, de entre 15 y 30 días, en los que se retirará el personal y los vehículos asignados.

Respecto al proyecto de administración –que permanece en un comité de conferencia para que el Senado y la Cámara de Representantes concurran con las enmiendas propuestas–, Peña Payano indicó que su aprobación aún es necesaria para “evitar que se creen precedentes innecesarios”. Aunque espera que una situación como esta no se repita, indicó que González radicó el proyecto porque lo entiende necesario.

“El proyecto se radicó y tiene un proceso legislativo. Si no llega acá, no se puede estampar firma o evaluarse para estampar firma o vetar, dependiendo cómo llega esa versión a La Fortaleza”, dijo.

Vázquez Garced fue convicta, a nivel federal, de un delito menos grave relacionado con el financiamiento de su campaña a la gobernación en 2020. A la espera de ser sentenciada, recibió un indulto incondicional –que aceptó– del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ayer, el Tribunal Supremo suspendió, de manera inmediata e indefinida, a la exgobernadora del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En la discusión pública, también se ha planteado que se remuevan las escoltas al exgobernador Ricardo Rosselló, quien no cumplió el término para el que fue electo tras renunciar, en 2019, después de protestas masivas en su contra.

“Él no tiene escoltas permanentemente mientras reside en Estados Unidos. Cuando él viene a Puerto Rico… no todas las veces que decide venir a Puerto Rico solicita escoltas y es el superintendente de la Policía quien discrecionalmente, después de una evaluación de magnitud del evento o los días que vaya a estar, se otorga o no se otorga”, sostuvo Peña Payano, quien no pudo contestar si, en algún momento, Rosselló ha solicitado escoltas y se le han negado.

Según González Falcón, el análisis de Justicia incluyó la definición de exgobernador de la Ley 2-1965, que incluye los criterios de la “elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término”.

Peña Payano resaltó que Rosselló tiene “unas circunstancias particulares, que también incluyen asuntos de seguridad” tanto para el exgobernador y “para su familia, que tiene dos niños; a veces, a la gente se le olvida”.