La gobernadora Jenniffer González anunció este lunes la cancelación del contrato entre la empresa S2PR y la Autoridad de los Puertos para el escaneo de carga en el puerto de San Juan, lo que, según el gobierno, redundará en ahorros al erario y los consumidores.

La empresa S2PR, desde 2008, estaba a cargo de escanear los furgones provenientes de Estados Unidos con ingreso a través del puerto de San Juan. Desde 2011, dijo la primera ejecutiva, el gobierno le ha pagado más $168 millones a esta compañía, a razón de aproximadamente $11 millones anuales.

Agregó que el contrato emanó de un reglamento creado tras la aprobación de la Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria (Ley 12 del 2008), que es de su autoría cuando fue representante. Precisó que, tras la aprobación del estatuto, se creó el reglamento 8837 de la Autoridad de los Puertos, que viabilizó la contratación y un cargo por furgón. La gobernadora, de paso, anunció la derogación de ese reglamento.

González planteó que la contratación no ha sido productiva y dijo que el trabajo que deben realizar está en manos del gobierno federal.

“(Ha generado) cero resultado porque, con cada uno de los ecaneos que se ha hecho, ha habido cero referidos a la Policía, cero referidos a Hacienda, cero impactos en la seguridad y cero impacto en la recaudación. Lo que significa que el pueblo de Puerto Rico ha estado pagando $11 millones anuales en un contrato leonino que no produce nada a Puerto Rico", apuntó la gobernadora en conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Esto es parte de la burocracia de los costos que siempre están escondidos a nuestros consumidores en los productos y que hoy anunciamos su eliminación”, añadió.

No fue posible obtener comentarios de la empresa, pese a los intentos por llamar a su compañía matriz, Rapiscan System, con sede en California.

Junto al director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, la mandataria indicó que, desde 2017, no hay presencia de la Policía o de Hacienda en el puerto de San Juan y es la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos la que hoy verifica la carga que entra a Puerto Rico.

“El ‘Border Patrol’ tiene más resultados que los que tiene Puerto Rico con un sistema de escáner, porque en el caso nuestro no se ha detectado nada en todos estos años, versus el ‘Border Patrol’ que, en efecto, con las inspecciones aleatorias que hacen, se han encontrado mucho más en todo este tiempo”, afirmó.

“Esta es la mejor muestra de cómo el gobierno de Puerto Rico bota su dinero y que nosotros, por las múltiples órdenes ejecutivas, estamos buscando reducir esa carga onerosa que paga el consumidor al final del camino” abundó.

Rodeada, también, de líderes de la industria privada, la gobernadora indicó que cada empresa o comerciante que trae mercancía a la isla paga entre $75 y $85 por cada furgón en función del contrato, un costo que, destacó, se pasa al consumidor.

“El pueblo de Puerto Rico no va a pagar un centavo más de un contrato que no funciona, no sirve y es una estafa al pueblo de Puerto Rico. Así lo recoge también el informe de la Contralora de Puerto Rico donde habla que este contrato es leonino, que no defiende los intereses de nuestro pueblo”, dijo la mandataria.

Se refirió a un informe de Contraloría, con fecha del 21 de mayo de 2019, que concluyó que las dos enmiendas del contrato para la inspección de furgones, mediante el sistema de escaneo en el puerto de San Juan, contienen cláusulas leoninas que permiten el pago por furgones que no se inspeccionan.

“Estas cláusulas son contrarias al principio de reciprocidad de las prestaciones, al orden público y a las normas que rigen el uso de los fondos públicos. Al ser cláusulas leoninas, son nulas y no producen efecto jurídico alguno que justifique que la Autoridad pague a la subsidiaria. Por ejemplo, nuestros auditores identificaron de una muestra que, del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2015, la subsidiaria no inspeccionó 3,768 furgones. Sin embargo, la Autoridad desembolsó $214,776 por dichos furgones como inspeccionados”, lee el informe.

La gobernadora no estimó de cuánto será el alivio en el bolsillo del consumidor tras la cancelación del contrato porque, dijo, es un asunto que corresponde a los empresarios.

Miembros de la empresa privada, incluyendo la Asociación de Navieros de Puerto Rico y la Cámara de Comercio, aplaudieron la gestión de la gobernadora.

“Llevamos 15 años en esta batalla, donde me atrevo a hablar por mis compañeros del sector privado, ha estado unido, desde el inicio, de que esto no iba a ser efectivo. Pues 15 años después se ha demostrado que esto realmente no funciona”, dijo Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Entretanto, el superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró que continuarán con el monitoreo de los contenedores o furgones, pero de la mano de las autoridades federales.

“Vamos a estar trabajando mano a mano con las agencias de gobierno estatal y federales como el U.S. Coast Guard, CBP (Custom And Border Protection) y específicamente el National Targeting Center enfocado en los riesgos. Nos vamos a enfocar en los envíos de mayor riesgo, pero seguimos asegurando que la mayoría de los contenedores se manejen de forma ágil y eficiente. También vamos a trabajar conjunto con el sector privado”, dijo el jefe policiaco.

El contrato, de acuerdo con la Oficina del Contralor, está registrado desde 2008, incialmente bajo el nombre de Rapiscan. Luego, pasó a ser la empresa S2PR. Ha sido enmendado en cinco ocasiones, y una sexta enmienda propuesta, que reducía el plazo de vigencia, no prosperó. El contrato vigente es hasta el 2033 y tiene una cláusula para su cancelación con 90 días de antelación, se informó. No obstante, en el registro de la Contraloría solo aparecen contratos con la empresa hasta 2021.

“Eso es lo que ha llegado. Esa respuesta la tiene que dar Puertos. Por qué no han registrado el nuevo”, dijo Lisandra Rivera, portavoz de la Contraloría.

Puertos, por su parte, insistió en que el contrato vigente estaba registrado en esa oficina.

Ante la pregunta de si sospechaban de posibles actos de corrupción a través de ese contrato, el director de Puertos respondió: “Yo no tengo el expertise ni el tipo de peritaje para hacer ese tipo de determinación”.

Ahora bien, advirtió que hará una “reconciliación” entre pagos y facturas provistas por la empresa.