La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió a la gobernadora Jenniffer González a no firmar el Proyecto del Senado (PS) 127, que da paso a un retiro incentivado de empleados públicos por entender que es contrario al plan fiscal certificado.

Mediante carta, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, planteó a la mandataria que, bajo la pasada administración, se alcanzó un acuerdo para poner en vigor, parcialmente, la Ley 80 de 2020, que concedía un retiro incentivado a empleados declarados como no esenciales sin violentar el plan fiscal.

“El proyecto de ley (…), de promulgarse, violaría el plan de ajuste a la deuda del gobierno central y la orden de confirmación al crear nuevos beneficios de pensión. El plan de ajuste establece el tratamiento de la deuda del Estado Libre Asociado, incluido el tratamiento de los titulares de pensiones, y se basa en el mantenimiento del sistema de pensiones en los niveles actuales”, indicó Mujica en la misiva, con fecha del 25 de noviembre.

Recordó que, previo a su aprobación en la Legislatura, la JSF revisó el PS 127, por petición del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de Veteranos del Senado, Gregorio Matías, y le compartió sus preocupaciones.

“La promulgación de legislación que contravenga la estipulación final y la orden final (de la Ley 80) viola el plan de ajuste y la ley Promesa, ambas de jurisdicción federal vinculante y sustitutiva que no puede ser alterada por la legislación local. Además, es incompatible con el plan fiscal, es fiscalmente irresponsable, obstaculiza la recuperación financiera de Puerto Rico y lo lleva de vuelta a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra y a la promulgación de Promesa”, agrega la carta, copiada a Matías y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

Mujica advirtió a González que continuar promulgando estatutos de esta naturaleza “seguirá alimentando expectativas en los empleados públicos que, en términos estrictamente legales, son incorrectas e irrazonables”.

La Ley 80 de 2020, tras su aprobación, fue declarada nula por el Tribunal Federal, a petición de la JSF, en mayo de 2022. Luego de conversaciones entre el gobierno y la JSF, se llegó a una estipulación –presentada en el mismo foro judicial– que permitió la ejecución parcial del estatuto.

Un total de 1,129 empleados del gobierno central se acogieron al retiro mediante la ley, a partir de abril de 2024. Recibieron como pensión el 50% de su salario, $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y el pago de sus vacaciones acumuladas.

La JSF exigió que los puestos de los retirados no se llenen de nuevo.