La gobernadora Jenniffer González firmó una serie de medidas legislativas relacionadas al mercado de vivienda, incluido el Proyecto del Senado 542, que viabilizaría que más familias de ingresos bajos o moderados puedan acceder a una vivienda asequible, al establecer un nuevo mecanismo para revisar los parámetros sobre el tope de precio de las unidades de interés social.

La nueva Ley 100-2025 faculta al Departamento de la Vivienda a fijar los precios máximos de venta de viviendas bajo la “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda (Ley 47-1987)”, utilizando como base los parámetros de la Administración Federal de Vivienda (FHA).

El estatuto dispone que la “vivienda de alto impacto social, económico y para repoblación de Puerto Rico” incluirá la “vivienda de interés social y la vivienda de clase media”, y su precio de venta no podrá exceder el límite fijado por FHA para el municipio donde se ubica la unidad.

Actualmente, según la medida en su exposición de motivos, el 30% del precio de una unidad de vivienda responde a los cargos que impone el gobierno al sector de la construcción, así como al alza en el costo de los materiales.

El Departamento de la Vivienda, indica la legislación, podrá conceder dispensas ordinarias de hasta un 25% para ajustar el precio de venta máximo de algún proyecto de vivienda de alto impacto social. La agencia, asimismo, podrá revisar anualmente los límites en ingresos y los costos máximos de este tipo de unidad residencial.

De otra parte, la Ley 101-2025, antes el Proyecto del Senado 543, crea un nuevo marco legal especial para agilizar la inversión, desarrollo y venta de un nuevo mercado de residencias con alto impacto económico

Las nuevas disposiciones serán aplicables a toda persona o empresa que se dedique al negocio de la construcción, en calidad de empresario o principal responsable de la promoción, diseño, venta, construcción de viviendas, bien del tipo individual o multipisos, cuyo precio de venta excedan el límite de precios fijado por FHA para el municipio correspondiente.

El asesor legislativo de la gobernadora, Jean Peña Payano, precisó este domingo que González ha firmado 102 leyes en lo que va de mandato.

Una de las medidas que sigue ante su consideración es el Proyecto del Senado 615, que aumentaría, hasta en $50 mensuales, los impuestos asociados al uso del celular. González, sin embargo, ha dicho que no se inclina a firmarlo.

La medida enmienda múltiples disposiciones del Código Municipal (Ley 107-2020). Además de dejar abierta la posibilidad de un impuesto por el uso del celular, según han advertido miembros de la industria de telecomunicaciones, propone un nuevo esquema para la aprobación del sueldo de los alcaldes y alcaldesas, y altera el proceso de expropiaciones municipales.