La firma de la nueva Ley 102-2025, que convalida las licencias ocupacionales para admitir a la práctica en Puerto Rico a profesionales de diversas disciplinas de otras jurisdicciones de Estados Unidos, intensificó las denuncias de gremios que afirman que la legislación atenta contra su estabilidad laboral y amenaza los servicios de consumidores en la isla.

La denominada “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales en Puerto Rico” -antiguo Proyecto del Senado 6- fue firmada el viernes por la gobernadora Jenniffer González, que ya anticipó que se propone discutir posibles enmiendas en la próxima sesión legislativa, que inicia este mes.

Desde que era discutida en la Asamblea Legislativa, la pieza fue rechazada por múltiples organizaciones profesionales, como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, así como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros, la Puerto Rico Association of Realtors y el Colegio de Peritos Electricistas, quienes la catalogaron como una “afrenta” a los trabajadores en Puerto Rico.

Según la legislación, una junta en Puerto Rico emitirá una licencia ocupacional, profesional o certificación gubernamental a quien la solicite para ejercer una ocupación o profesión lícita en la isla, si el solicitante tiene una licencia vigente y válida en un estado, si ha tenido ese permiso, al menos, por un año y ha ejercido esa ocupación de manera continua por un plazo mínimo de tres años.

La lista de profesiones impactadas supera la veintena. A continuación, aquellas que son reguladas y licenciadas por juntas examinadoras del Departamento de Estado: