En momentos en que más de 25,000 familias aguardan por un apartamento en un residencial público, 661 unidades de la Administración de Vivienda Pública (AVP) no solo permanecen desocupadas, sino que algunas -según las autoridades- están siendo utilizadas para actividades delictivas o están ocupadas de manera ilegal, lo que ha llevado a la entidad gubernamental a encaminar esfuerzos para asegurar el buen uso de los 53,596 apartamentos bajo su jurisdicción.