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Oficina de Ética Gubernamental presenta querellas contra Francisco Domenech e Itza García

Les exige pagar el triple de los beneficios obtenidos y devolver dinero público por el uso indebido de sus cargos en la Secretaría de la Gobernación

3 de noviembre de 2026 - 12:27 PM

Francisco J. Domenech e Itza García saliron de sus respectivos cargos en agosto pasado, en medio de señalamientos sobre sus ejecutorias. (Carlos Rivera Giusti)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó querellas contra el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech y la exsubsecretaria de la Gobernación Itza García por supuestamente violentar la ley orgánica de esa agencia al usar sus cargos para beneficio propio y de terceros.

Para ambos, la OEG pide que “se le imponga una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido, si alguno”. También les exige la restitución de dinero público y la retención de cualquier fondo acumulado mientras fueron servidores públicos.

En el caso de Domenech, la querella indica que se le imputa violar el Articulo 4.6 (c) de la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) por haber contratado a la exdesignada secretaria de Justicia, Janet Parra, como su abogada de defensa para atender el caso que tiene pendiente ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tras las imputaciones que hiciera en su contra el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio Sebastián Negrón Reichard.

El Artículo 4.6 (c) dispone que “un ex servidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o indirectamente, con una agencia, persona privada o negocio, sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminaciön de su empleo”.

La querella contra Domenech, de cinco páginas, hace constar que, como parte de sus funciones, autorizó la contratación de Parra en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), el 18 de agosto de 2025, mediante la Plataforma de Procesamiento Electrónico. La contratación fue efectiva hasta el 30 de junio de 2026 por $125,000.

Indica, además, que Domenech contrató a Parra como su abogada a menos de un año de su salida de la Secretaría de la Gobernación, efectiva el 7 de agosto de 2026.

“El 10 de agosto de 2026, tres días después de su salida del servicio público, medios de prensa publicaron que el Querellado contrató a la Lcda. Janet Parra Mercado como su representante legal ante un proceso de investigaciön seguido por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El 28 de agosto de 2026, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente notificó a la OEG una Resolución emitida en el asunto DI-FEI-2026-0011; del registro de notificaciones, surge que al Querellado se le notificó por conducto de la Lcda. Janet Parra Mercado”, lee la querella.

En el caso de García, la OEG repasa las gestiones que hizo en el DDEC para la contratación de su compañero sentimental, Luis Alberto Sánchez Andino, mediante la empresa inscrita por este llamada Next Wave Solutions, LLC.

“El 9 de noviembre de 2025, la Querellada remitió al entonces Secretario del DDEC, licenciado Negrón Reichard, copia digital de una propuesta de servicios y le compartió el número telefónico de su pareja, señor Sánchez Andino. El 5 de diciembre de 2025, la Querellada le dio seguimiento al entonces Secretario del DDEC, licenciado Negrón Reichard, mediante mensaje de texto, informándole que su pareja, señor Sánchez Andino, estaba en las facilidades del DDEC para firmar el contrato”, lee la querella contra García, que dejó la Secretaría la Gobernación el pasado 15 de agosto.

La contratación de servicios profesionales entre el DDEC, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la empresa de Sánchez Andino se formalizó el 16 de diciembre de 2025, hasta el 30 de junio de 2026, por una cuantía de$120,000, detalla la querella.

A García, la OEG le imputa violar el Artículo 4.2 (s) de la Ley 1-2012, que establece que “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

Ambos exfuncionarios tienen 20 días para contestar lsa alegaciones de la querella.

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