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Oficina de Ética Gubernamental presenta querellas contra Francisco Domenech e Itza García

Les exige pagar el triple de los beneficios obtenidos y devolver dinero público por el uso indebido de sus cargos en la Secretaría de la Gobernación

3 de noviembre de 2026 - 12:27 PM

Francisco J. Domenech e Itza García saliron de sus respectivos cargos en agosto pasado, en medio de señalamientos sobre sus ejecutorias. (Carlos Rivera Giusti)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó querellas contra el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech y la exsubsecretaria de la Gobernación Itza García por supuestamente violentar la ley orgánica de esa agencia al usar sus cargos para beneficio propio y de terceros.

Para ambos, la OEG pide que “se le imponga una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido, si alguno”. También les exige la restitución de dinero público y ordena al Departamento de Hacienda, la Junta de Retiro del Gobierno y a cualquier otro sistema de retiro público, a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) y la autoridad nominadora, entre otros, la retención de cualquier fondo acumulado mientras fueron servidores públicos. Ambos exfuncionarios tienen 20 días para responder a las alegaciones.

En el caso de Domenech, la querella indica que se le imputa violar el Artículo 4.6 (c) de la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) por haber contratado a la exdesignada secretaria de Justicia, Janet Parra, como su abogada de defensa para atender el caso que tiene pendiente ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tras las imputaciones que hiciera en su contra el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio Sebastián Negrón Reichard.

El referido artículo dispone que “un ex servidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o indirectamente, con una agencia, persona privada o negocio, sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo”.

La querella contra Domenech –de cinco páginas– hace constar que, como parte de sus funciones y respaldado por una orden ejecutiva (OE-2025-008), autorizó la contratación de Parra en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), el 18 de agosto de 2025, mediante la Plataforma de Procesamiento Electrónico. La contratación, por $125,000, fue efectiva hasta el 30 de junio de 2026.

Señala, además, que Domenech contrató a Parra como su abogada a menos de un año de su salida de la Secretaría de la Gobernación, efectiva el 7 de agosto de 2026.

“El 10 de agosto de 2026, tres días después de su salida del servicio público, medios de prensa publicaron que el Querellado contrató a la Lcda. Janet Parra Mercado como su representante legal ante un proceso de investigación seguido por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El 28 de agosto de 2026, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente notificó a la OEG una Resolución emitida en el asunto DI-FEI-2026-0011; del registro de notificaciones, surge que al Querellado se le notificó por conducto de la Lcda. Janet Parra Mercado”, lee la querella.

“El Querellado incurrió en una violación al Artículo 4.6 (c) de la Ley Núm. 1-2012 al contratar con una persona privada, la Lcda. Janet Parra Mercado, para que le representara en los procesos investigativos cuando, dentro del año anterior a la terminación de su empleo, ejerció una acción oficial al autorizar la contratación de los servicios profesionales de la abogada por parte de la CFSE”, agrega la querella.

“Una interpretación viciosa de la ley”

Domenech argumentó, por escrito, que la querella de la OEG “interfiere” con su “derecho constitucional a una representación legal competente”, al impedirle contratar a la abogada de su preferencia para llevar su caso.

“La querella de la OEG descansa en una interpretación viciosa de la ley, que convierte una norma pensada para evitar el aprovechamiento de haber hecho alguna función gubernamental en un obstáculo para el derecho constitucional que le asiste a toda persona de estar representado por el mejor abogado en la materia que confronta y poder defenderse efectivamente”, indicó el exsecretario en sus redes sociales.

Adelantó que podría acudir a los tribunales contra la OEG por entender que no sería la primera vez que esa agencia fiscalizadora “se excede en las facultades otorgadas por ley”.

En el caso de García, la OEG repasa las gestiones que hizo en el DDEC para la contratación de su compañero sentimental, Luis Alberto Sánchez Andino, mediante la empresa inscrita por este llamada Next Wave Solutions, LLC.

“El 9 de noviembre de 2025, la Querellada remitió al entonces Secretario del DDEC, licenciado Negrón Reichard, copia digital de una propuesta de servicios y le compartió el número telefónico de su pareja, señor Sánchez Andino. El 5 de diciembre de 2025, la Querellada le dio seguimiento al entonces Secretario del DDEC, licenciado Negrón Reichard, mediante mensaje de texto, informándole que su pareja, señor Sánchez Andino, estaba en las facilidades del DDEC para firmar el contrato”, lee la querella contra García, que dejó la Secretaría de la Gobernación el pasado 15 de agosto.

La contratación de servicios profesionales entre el DDEC, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la empresa de Sánchez Andino se formalizó el 16 de diciembre de 2025, hasta el 30 de junio de 2026, por una cuantía de$120,000, detalla la querella.

La querella consigna, igualmente, que la empresa de Sánchez Andino tuvo otros contratos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, otorgados el 1 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, y con el Municipio de Utuado, firmado el 4 de diciembre de 2025.

La OEG enfatizó que García presentó, el 20 de marzo de 2026, un mecanismo de inhibición en el que se comprometió a no intervenir “directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparta su residencia, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtencién de un beneficio para cualquiera de ellos”. El documento fue aceptado por la OEG, pero le advirtieron que era de carácter “prospectivo”, y no aplicaría a hechos ocurridos antes de su presentación. Las contrataciones de Sánchez Andino ocurrieron antes de esa fecha.

Ese mecanismo de inhibición fue presentado por García cuatro días antes de que Domenech testificara, ante la Comisión Total del Senado, que investigó las alegaciones de Negrón Reichard en contra del exsecretario de la Gobernación por presuntamente interferir y presionar para la concesión de contratos en el DDEC.

A García, la OEG le imputa violar el Artículo 4.2 (s) de la Ley 1-2012, que establece que “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

“En apenas quince meses (enero 2025 a marzo 2026), el cúmulo de actos de la querellada causa en el público la robusta impresión de una acción antiética que pone en duda la integridad e imparcialidad de la función gubernarnental”, expone la querella.

García no contestó llamadas ni mensajes de texto de este medio.

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