A raíz de señalamientos del comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, sobre la urgencia de solicitar al gobierno federal una declaración de emergencia, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, respondió que se deben cumplir con ciertos requisitos, por lo que el Ejecutivo está recopilando los datos para demostrar el daño de la sequía en el sector agrícola y empresarial en Puerto Rico.

“Estamos haciendo esa evaluación para seguir la comunicación con el gobierno federal. Ya hay una declaración de emergencia a nivel estatal y las otras comunicaciones se estarán atendiendo en su momento, pero creo que él (comisionado residente) está llevando un poco de desinformación”, dijo el funcionario en la sesión de En Récord de este jueves.

El viernes -primer día de racionamiento para los abonados del embalse de Carraízo-, el comisionado residente hizo un llamado a la gobernadora Jenniffer González para que solicitara al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una declaración federal de emergencia ante la crisis de agua en Puerto Rico para liberar más fondos para la isla.

Además, pidió que se incluya asistencia individual, lo cual habilitaría préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) para los comercios afectados.

Más allá de eso, tres líderes demócratas del Congreso, junto a Hernández Rivera, solicitaron el martes a la Oficina de Contraloría General (GAO) que investigue la crisis en el suministro de agua en el archipiélago puertorriqueño, agravada por la sequía.

“Si estuvieran más pendientes, no ustedes, quizás él (Hernández Rivera) y su equipo de las conferencias y las comunicaciones oficiales del Gobierno de Puerto Rico se dieran cuenta que ya la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli, comunicó en este mismo espacio, que el tema de SBA requiere varios procesos, entre ellos, la identificación de los daños”, contestó Peña Payano.

Esta es una medida que el gobierno ya comenzó a realizar desde hace semanas como parte de las labores del Comité de Sequía, que se reúne desde el 1 de junio.

El pasado 6 de agosto, la directora de PRFAA compartió medidas federales para “emergencias estatales”, entre las que mencionó que han identificado oportunidades de financiamiento para atender los daños provocados por la sequía, como los préstamos por desastres de la SBA que se solicitan a través del Departamento de Agricultura federal.

El secretario insistió que ya la Junta de Planificación planteó ayer, miércoles, que se encuentra recopilando información sobre el impacto de la sequía. El Programa de Planificación Económica y Social de la agencia comenzó esta semana a visitar comerciantes del sector privado y otras entidades del sector público.

Asimismo, el secretario de Asuntos Públicos recordó que el Departamento de Agricultura está encuestando a los agricultores de los pueblos más afectados en Puerto Rico.

“Los daños en Agricultura, según los informes del propio secretario (Irving Rodríguez), no se estiman de manera uniforme. No es lo mismo la cosecha y los daños en café que el tema de plátanos y otros cultivos. Una vez se identifican daños en esas conversaciones respecto a SBA, que lo que hace es asignar un dinero para daños productos de la sequía, requería otra cosa: que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) identifique el grado de sequía y que estuviera en la clasificación de D3, de sequía extrema”, explicó el funcionario.

“Es mucha información que tienen que someter. Por ejemplo, la inversión que habían hecho en el cultivo, si hubo alguna plaga o no... información técnica”, insistió.

Argumentó que la evaluación de cada finca requiere tiempo y es una labor que está realizando Agricultura en conjunto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y PRFAA.

“La solicitud de la SBA que se está trabajando o que se va a trabajar es para el tema de agricultores, aunque no se descarta ampliarlo, si fuera necesario”, abundó Peña Payano.