La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó el miércoles el uso de la reserva de emergencia estatal para atender gastos asociados a la declaración de emergencia de la gobernadora Jenniffer González ante el estado de sequía que agobia a amplias regiones de la isla, y que desde este viernes supondrá un racionamiento en el servicio de agua a siete pueblos que se sirven del embalse Carraízo.

“El plan fiscal estableció la reserva de emergencia precisamente para momentos como este, en los que el gobierno debe actuar con rapidez para asegurar el bienestar de Puerto Rico. El presupuesto del fondo general ha financiado íntegramente la reserva de emergencia, y el gobierno se encuentra ahora en condiciones de brindar una ayuda inmediata y crucial para ayudar al pueblo de Puerto Rico a hacer frente a esta emergencia”, expresó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en un comunicado de prensa.

La reserva de emergencia, un mecanismo incorporado a los planes fiscales certificados del gobierno central, mantiene un balance cercano a los $1,300 millones, o el equivalente a un 10% de los recaudos anuales del Fondo General.

La JSF puntualizó que las guías de la reserva limitan su uso a desastres naturales y otros eventos imprevistos.

En este caso, el acceso a la reserva de emergencia se otorgó para agilizar la respuesta del gobierno ante la actual sequía y se limita a atender las necesidades inmediatas y las medidas descritas en la orden ejecutiva que González emitió en pasados días, tales como el suministro, el almacenamiento y la distribución de agua potable mediante camiones cisterna; la instalación y operación de sistemas móviles de purificación y potabilización de agua; la creación de centros temporales de distribución; y cualquier otro apoyo logístico necesario para preservar los servicios públicos esenciales y proteger la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.

Aunque las zonas sujetas a racionamientos en el suplido de agua, de momento, se limitan a sectores de Canóvanas y Río Grande –que enfrentan interrupciones desde mediados de julio– y a los clientes de Carraízo que verán cortes desde este viernes, el estado de emergencia declarado por la mandataria en la Orden Ejecutiva 2026-035 cubre a todo el archipiélago.

El plan de racionamiento anunciado el martes para abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se sirven de Carraízo consiste de dos zonas que alternarán las interrupciones en periodos de 48 horas, en los municipios de San Juan, Loíza, Juncos, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas y Gurabo.