La gobernadora Jenniffer González sostuvo, este jueves, una reunión con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, y parte de su gabinete con la intención de desarrollar iniciativas que le permitan al gobierno reforzar las iniciativas para prevenir la violencia de género y evitar que próximas generaciones asuman este tipo de conducta.

Según la primera mandataria, el gobierno no ha logrado establecer una agenda -“de manera específica”- para atender el área de prevención, ni los servicios u oportunidades que se le ofrecen a la parte agresora para evitar que recaiga en este tipo de conducta y lograr su reinserción social.

“Todas esas herramientas deben formar parte de una discusión mucho más amplia”, sostuvo González culminado el encuentro del que participaron los titulares de los departamentos de la Familia y Justicia, y el Negociado de la Policía. También estuvo presente la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro.

“Tenemos un grupo interdisciplinario de personas preparadas en cada una de sus áreas que tienen distintas alternativas de cómo mirar esto”, añadió la gobernadora.

A pesar de que durante al cuatrienio, y como parte de la declaración de estado de emergencia por violencia de género, el gobierno evaluó los reglamentos utilizados por cada una de las agencias para atender los incidentes, la gobernadora recalcó en la necesidad de realizar otro ejercicio similar.

“Nosotros vamos a levantar sobre lo que hay, yo no voy a descartar nada”, dijo. Acto seguido, hizo referencia a la hoja de cotejo utilizada por la Uniformada para manejar los casos de violencia sexual, que incluye sobre 40 requisitos.

“A veces, en la mecanización de cumplir con estas cosas, se nos olvida tener la empatía con la víctima y ver que anda con sus niños, que está sola...”, mencionó. “El reglamento no me va a evitar el caso de violencia..no estamos diciendo que estén mal, pero tenemos que ponernos en los zapatos de la víctima”, afirmó.

Reconoció que hay que espacio para reforzar otros asuntos, como el pago a las intercesoras, y los centros que dan asistencias a víctimas de violencia doméstica. González también enfatizó sobre la necesidad de recomponer las juntas que trabajan específicamente con los programas de desvío.

“Todas las ramas del gobierno estamos en la misma página de echar para adelante la protección de nuestras familias y darle una vía de cómo canalizar, a la persona que comete el acto de violencia, esa emoción”, dijo, al recordar que en agosto comenzará el programa educativo de manejo de emociones en las escuelas públicas.

La semana pasada, en menos de 48 horas, el país sufrió las muertes de Vilmarie Torres Rodríguez, de 40 años, y Keyshla Marie Rivera Ocasio, de 30 años, asesinadas por sus parejas en hechos reportados en Guayanilla y Vega Alta, respectivamente. Ambas muertes ocurrieron en los hogares de las víctimas, donde -al momento de los hechos- estaban sus hijos.

Mientras, un tercer incidente, registrado el martes en Humacao, es investigado por el Negociado de la Policía bajo el protocolo de feminicidio.

Según las estadísticas de la Uniformada, 13 mujeres han sido asesinadas en medio de incidentes de violencia doméstica.

“No son 13 feminicidios, son 13 mujeres que perdieron sus vidas. Son 13 hijas, hermanas, madres...13 familias, 13 comunidades que se ven afectadas por este mal social. ¿Cómo atendemos esto sin olvidar nunca que estamos hablando de seres humanos que han perdido lo más valioso que tienen en sus vidas?“, afirmó, por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo.

El grupo volverá a reunirse el próximo viernes. Previo a este encuentro, compartirán estudios y estadísticas en vías a establecer el perfil del agresor por regiones. Asimismo, buscarán definir el enfoque de la campaña de prevención.