La presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, Jessica Martínez Santos, exigió este lunes a la Oficina de Administración, Transformación y Recursos Humanos (OATRH) y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que entablen “de inmediato” un diálogo con los representantes exclusivos de los empleados públicos para discutir cómo les impacta el nuevo reglamento que rige los ajustes salariales en el sector público.

Acto seguido, calificó como un “insulto” que se hayan enterado por reportes de El Nuevo Día –y no por consulta directa– de la creación de la nueva reglamentación, que entró en efecto este lunes. No descartó que tomen acciones legales para “proteger los derechos adquiridos de sus miembros y sus convenios colectivos”.

Según Martínez Santos, el Plan de Clasificación y Retribución, aprobado en 2023 “fue un fiasco total para una gran cantidad de empleados”, y comparó esa situación con el proceso seguido al adoptar el nuevo reglamento.

“Ese plan no fue lo que habían anunciado para cientos de trabajadores. El mismo fue un fraude, ya que no recibieron ni un centavo en aumento a pesar de la sobrecarga de trabajo y los años de servicios. Fue un plan injusto. Ahora, imponen un reglamento de aumentos salariales condicionado a ciertos criterios, y ni siquiera nos enviaron una copia. Están repitiendo la misma historia, ¡el mismo error al no consultarnos!“, afirmó Jessica Martínez Santos, presidenta de SPUPR, C95 AFSCME, en comunicado de prensa.

“El gobierno no puede seguir con su actitud de desprecio y arrogancia hacia los trabajadores públicos. Todo lo concerniente a salario y condiciones de trabajo es materia de negociación colectiva. La Ley 45 de 1998 establece claramente el derecho y la obligación del patrono de negociar con los representantes exclusivos de los empleados públicos. La OATRH se ha mantenido con una actitud de no reconocer a los representantes exclusivos, y eso es una violación directa a la ley”, agregó Martínez Santos.

El nuevo reglamento es una guía, de más de 70 páginas, que, entre otras cosas, dispone que la OATRH revisará el plan de clasificación y retribución cada tres a cinco años. Además, en los años fiscales donde no sea necesaria esa revisión más abarcadora, algunas clasificaciones de empleo –previa justificación por las condiciones del mercado– podrían ascender dentro de las 25 escalas salariales que hoy contiene el plan uniforme.

Cuando no corresponda ninguno de esos dos procesos, la OATRH podrá, mediante un mecanismo “estructurado”, evaluar aumentos salariales de mayor o menor alcance en la plantilla gubernamental.

El reglamento, asimismo, establece que todas las agencias sujetas a la Ley 8 de 2017 (Ley del Empleador Único) tendrán que designar a un funcionario encargado de supervisar el “modelo de gestión de talento basado en destrezas”, es decir, las oportunidades de crecimiento profesional a partir del desarrollo de nuevas habilidades laborales que guiarán los posibles ascensos de un servidor público.

Martínez Santos criticó la nueva normativa por entender que “es el mismo cuento que con el plan de 2023″.

“Nos dicen que habrá aumentos basados en destrezas, pero eso fue precisamente lo que nos prometieron, y no cumplieron. Los trabajadores que más necesitan aumentos son los que tienen años en el servicio y que fueron ignorados. Un empleado con 20 años de servicio no puede ganar lo mismo o menos que un trabajador recién reclutado. Aunque reconocemos que ningún trabajador en Puerto Rico tiene un salario base digno, no podemos seguir permitiendo que el gobierno no reconozca los años de servicios, y nos sigan imponiendo salarios de miseria”, afirmó la líder gremial.

Recalcó que el contenido del reglamento debe ser discutido con los representantes exclusivos de cada empleado público.

“Esto tiene que discutirse en la mesa de negociación. De otra forma, se va a prestar para que dichos aumentos sean para recompensas políticas”, enfatizó Martínez Santos.