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El Senado llevará a votación en su sesión del lunes un proyecto de ley que extendería buena parte de las protecciones y penalidades de la Ley 54-1989 (Ley de Violencia Doméstica) a relaciones de noviazgo. La medida, además, define el concepto de acoso cibernético y lo incluye como un elemento a considerar por el tribunal al momento de que se solicite una orden de protección.
El efecto más importante del Proyecto del Senado 221 es que extiende a personas que están en relaciones de noviazgo la alternativa de solicitar una orden de protección y también expone a cualquier persona que cometa un acto de violencia contra su novio o novia a ser procesado por los artículos que define la conducta delictiva en la Ley 54, como maltrato y maltrato agravado, entre otros delitos.
Para aplicar la pley, la víctima deberá tener 12 años o más. Las partes involucradas no tendrían que haber sostenido relaciones sexuales y no será necesario que ambas partes reconozcan la relación como un noviazgo.
Si el transgresor es menor de edad, podría ser procesado al amparo de la Ley de Menores.
El Proyecto del Senado 221, de la senadora Migdalia González, es impulsado por instituciones coma la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Fundación Alto al Silencio. La medida define una relación de noviazgo como una relación de pareja en donde no se cohabite, no estén casados ni hayan procreado hijos o hijas.
Mientras, la medida define el concepto de acoso cibernético como un patrón de conducta en donde se utiliza cualquier tipo de comunicación electrónica o digital, para acosar, intimidar o afligir a una persona con quien se sostiene o se ha sostenido una relación de pareja.
Si la víctima tiene entre 12 y 17 años, esta podrá solicitar una orden de protección si está acompañado por su madre, padre o tutor o tutora legal.
La procuradora Lersy Boria planteó en una vista pública a principios de junio que no se ha aplicado uniformemente la Ley 54-1989 en relaciones de noviazgo, en referencia a que algunos jueces interpretan que aplica y otros que no, por lo que existe un vacío jurídico.
“Quedan las víctimas de violencia en el noviazgo a la merced de la interpretación que, en su día, el juez o la jueza que atienda su caso le dé a la citada definición de la relación de pareja”, lee la ponencia de Boria. Su oficina favorece la medida sin mayores enmiendas.
En el caso de la Fundación Alto al Silencio, su portavoz, Ariel Vargas, señaló que muchos casos de violencia en el noviazgo se atienden al amparo de la Ley de Acecho, pero, como indicó la procuradora, depende de la interpretación de los jueces.
Vargas señaló que, pese a no haber estadísticas sobre violencia en el noviazgo, el 50% de las querellas por violencia en el noviazgo corresponden al grupo de jóvenes entre los 14 y 25 años. Indicó, además, que es importante que se defina el acoso cibernético porque la “mayoría” de las manifestaciones de este tipo de agresiones se da por medios digitales.
Alto al Silencio solicitó a la Legislatura que se cree en el Departamento de Educación un protocolo de violencia en el noviazgo y se otorguen talleres a los estudiantes y padres sobre la violencia.