Aunque una ley de 2017 ordena que todas las agencias y corporaciones públicas transfieran sus unidades de auditoría interna a la Oficina del Inspector General (OIG), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se ha negado a cumplir con ese mandato, denunció este martes la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.

Tras participar en una vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado, Torres Rivera recalcó que la intención detrás de la Ley del Inspector General de Puerto Rico (Ley 15-2017) es dotar a las unidades de auditoría de mayor independencia, transparencia y objetividad en la función que realizan, lo que se dificulta si se mantienen bajo la entidad pública que fiscalizan.

“Las intervenciones de la AAA (por parte de los auditores internos) no son públicas, no tenemos ninguna evidencia de que se hayan completado, no tenemos ninguna evidencia de la supervisión del plan de auditoría, no tenemos ninguna evidencia de que ellos estén auditando lo que realmente amerita, dentro del riesgo de esa corporación, auditar”, indicó la inspectora general a El Nuevo Día.

“Hay una falta de transparencia, de independencia y objetividad en la función de esos auditores que, actualmente, siguen respondiendo al cuerpo directivo y la presidencia de la Autoridad, sin que respondan a un organismo independiente”, insistió luego de la vista pública en la que se discutió el presupuesto del próximo año fiscal.

La inspectora expresó que, a mediados del año fiscal pasado, iniciaron comunicaciones formales con la AAA para ordenar la transferencia de los auditores, pero la corporación pública se opuso.

“De hecho, hemos tenido que hacer intervenciones en la AAA por nuestra parte, a pesar de no tener los auditores. Hemos tenido que asignar recursos para hacer otro tipo de auditoría, porque hay unos riesgos inherentes al uso presupuestario y al uso de lo que es la parte operacional de esa entidad”, añadió.

Por su parte, el inspector asociado de asuntos legales, Emanuel Laboy López, informó que la agencia se reuniría con el nuevo presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, para llegar a un acuerdo con la corporación pública.

Jorge Burgos, portavoz de la AAA, dijo por separado que este martes tuvieron una reunión “informativa” en la cual la OIG solicitó información -que no detalló-, y la corporación pública tiene hasta el 7 de mayo para someterla. Hasta entonces, advirtió, no emitirán declaraciones sobre el asunto.

La OIG, en tanto, resaltó que, tras agotar los procesos administrativos para efectuar la transferencia del personal de auditoría interna, la agencia tendrá que iniciar un trámite legal para cumplir con la Ley 15-2017.

“Hay unas gestiones operacionales de la corporación que requieren que este personal esté físicamente allí destacado”, dijo el licenciado Laboy López, al explicar las razones que ha esbozado la AAA para oponerse al traslado de empleados.

En su ponencia ante la comisión senatorial, la jefa de la OIG indicó que esa oficina “ha logrado transferir un 94% de los puestos adscritos a las unidades de auditoría interna de la Rama Ejecutiva, incluyendo corporaciones públicas bajo su jurisdicción”.

No obstante, enfatizó que, además de la AAA, el Negociado de Emergencias 9-1-1 tampoco ha realizado la transferencia. En este caso, el proceso no se ha realizado porque la nómina de estos empleados es cubierta con fondos federales, y la Junta de Supervisión Fiscal tendría que aprobar un presupuesto especial para cubrir esos salarios, precisó.

Durante la vista pública, presidida por la senadora Migdalia Padilla, la titular de la OIG presentó un presupuesto recomendado que asciende a $23 millones para el próximo año fiscal, lo que representa un aumento de $2.9 millones en comparación al vigente, de $20.1 millones.

Torres Rivera explicó que el presupuesto de la OIG no es “nuevo”, sino que proviene de la redistribución de las partidas de las agencias que contaban con unidades de auditoría interna.