La Administración para el Sustento de Menores (Asume) estableció este miércoles que cualquier reducción en la mayoría de edad en Puerto Rico no debe conllevar la terminación automática de las pensiones alimentarias a los 18 años, y advirtió que eliminar esta protección obligaría a miles de jóvenes a abandonar sus estudios para cubrir gastos de vivienda, salud y alimentación que no podrían sufragar por sí solos.

Al favorecer el ordenamiento vigente, la Asume sostuvo que el país no está listo para eliminar una protección familiar “trascendental” sin un estudio previo sobre sus efectos socioeconómicos. Destacó, además, la vulnerabilidad de un cambio de este tipo, especialmente cuando la mayoría de los universitarios en la isla –que dependen de sus padres– están entre los 18 y 21 años.

“Con el cambio mencionado, la realidad de muchos jóvenes sería que tendrían que abandonar estudios para trabajar a tiempo completo; podría aumentar la carga económica de los hogares custodios y podría limitarse de movilidad social”, puntualizó la licenciada Nicole Báez, directora de Asesoramiento Legal del Departamento de la Familia, ante la Comisión de lo Jurídico del Senado.

“Reducir automáticamente la obligación alimentaria a los 18 años trasladaría el costo de manutención a la madre o padre custodio, programas públicos, préstamos estudiantiles o al propio joven”, consignó la abogada, quien presentó la ponencia de la Asume, firmada por su administradora, María del Mar Mateu Meléndez.

El Proyecto del Senado 1245, de la autoría del novoprogresista Ángel Toledo, quien presidió los trabajos, propone modificar el Código Civil para reducir la mayoría de edad en Puerto Rico, de los 21 a los 18 años. Su objetivo es unificar la edad legal con el resto de Estados Unidos, otorgándoles a los jóvenes capacidad para realizar ciertos actos, como firmar contratos y gestionar asuntos financieros.

Durante la vista pública, de la que también participaron el Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados y Abogadas, Toledo aclaró que, como autor de la legislación, “no busco ni buscaré jamás eliminar la responsabilidad de ningún padre sobre sus hijos”.

“Entiendo la postura del Departamento de la Familia y de Asume. Estoy totalmente de acuerdo con ella”, dijo el senador. “Lo que estamos pretendiendo con este proyecto es (...) permitir que el joven se inserte dentro de un mundo que realmente ha cambiado, en el que Puerto Rico es la excepción, no es la norma”, añadió, al destacar que 49 estados establecen la mayoría de edad a los 18 años.

El Colegio, en tanto, respaldó la medida –aunque con enmiendas–, al argumentar que flexibilizaría la banca y el comercio para incentivar el crédito y el emprendimiento joven, fomentando, a su vez, ciudadanos más independientes al armonizar su realidad legal con sus necesidades de vivienda y transporte.

Según el organismo, el cambio propuesto normativo no implica la privación automática de la asistencia parental, pues el apoyo económico seguiría disponible bajo las normas alimentarias vigentes.

Entre sus enmiendas, el Colegio sugirió eliminar, del Artículo 655, el requisito de que los estudios se realicen “ininterrumpidamente” como requisito para extender la pensión hasta los 25 años, advirtiendo que una pausa puede surgir por salud o causas ajenas al alumno. Asimismo, propuso enmendar la norma que privaría de asistencia económica a quienes trabajen a tiempo completo.

“La afirmación de que el hijo o hija de 18 a 21 años que tiene un empleo a tiempo completo produce suficiente ingreso para satisfacer todas sus necesidades parte de una premisa errada”, sostuvo la presidente del Colegia, la licenciada Vivian Godineaux.

Toledo ha aclarado que el proyecto incluye, también, “disposiciones transitorias que protegen los derechos adquiridos bajo el régimen anterior”. Una disyuntiva en este tema, traída por Godineaux, es si esa pensión, de elevarse a 18 años la mayoría de edad, debe ser entregada al joven o no.

En este tema, Godineaux trajo ante la consideración de la Comisión que dicha determinación debería quedar ante la evaluación de la Asume. La agencia aclaró, sin embargo, que no tendría jurisdicción sobre ese alimentado de 18 años, de aprobarse la medida, por alcanzar la mayoría de edad.

Otro asunto aclarado en la vista es que la medida, de avalarse, no aplicaría a las leyes especiales relacionadas con, por ejemplo, la venta de cigarrillos y la portación de armas de fuego. En estas instancias, la edad permanecería en los 21 años, sostuvo Toledo. “La intención mía, como autor, y la que he discutido, es esa”, apuntó.