La salida del síndico que supervisa el uso de fondos federales del Departamento de Educación no se concretará a finales de noviembre, como había sido anunciado, debido a problemas relacionados con la nueva plataforma financiera del gobierno, informó este lunes el senador Carmelo Ríos.

En una vista pública de la Comisión de Relaciones Federales del Senado, el senador Ríos anunció que es necesario evaluar señalamientos realizados la semana pasada por Educación en torno a los escollos que enfrenta una de las agencias más grandes del gobierno con el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), llamado Íntegra PR.

“Sí, había una notificación para que, el 20 de noviembre, el síndico de Educación cesara funciones. A raíz de los retos que ha tenido el sistema de ERP, tenemos información de que se va a extender, a un costo de $4 millones”, manifestó el senador, presidente de la Comisión, al inicio de la audiencia.

Ríos no pudo precisar cuánto tiempo adicional trabajará el síndico con Educación.

“El asunto central (de la vista) es examinar los señalamientos del Departamento de Educación sobre dificultades en pagos a suplidores o de integración de fondos federales y el acceso al ERP, (lo que llevó a) la extensión de la permanencia del síndico”, añadió.

De inmediato, no fue posible obtener información de Educación.

El nuevo ERP entró en funciones en verano y, desde entonces, Educación ha sido una de las agencias en las cuales los escollos con la plataforma ha sido más evidente. El secretario Eliezer Ramos Parés reconoció, en múltiples ocasiones, que los problemas con el ERP eran la causa de los retrasos en pagos a proveedores de servicios de transportación escolar y Educación Especial, entre otros.

A la vista, estaba citada la firma de consultoría Deloitte, empresa que ha tenido a cargo la implementación del proyecto. No obstante, esta informó que no podía asistir ya que la persona a cargo del proyecto no reside en Puerto Rico, apuntó Ríos. Ante esto, serán citados nuevamente para el jueves.

Sí compareció la empresa Ethree Solutions, que dio apoyo al gobierno en la selección del proveedor a cargo de la implementación.

El Departamento de Educación federal autorizó, en marzo, el plan de transición que estableció la agencia local para la salida de la empresa Alvarez & Marsal, que ha operado como agente fiduciario desde 2021. El secretario de Educación sostuvo, en enero de este año, que Puerto Rico había demostrado cumplimiento con las tareas contenidas en el plan comprehensivo de acciones correctivas (CCAP, por sus siglas en inglés) aprobado por el gobierno federal,

En 2019, Educación federal impuso a Puerto Rico lo que se conocen como “condiciones específicas”, encabezadas por la contratación de un agente fiduciario externo (TPFA, por sus siglas en inglés), debido a malos manejos y faltas de controles internos detectados por el gobierno federal. La imposición del gobierno federal trascendió tras el arresto de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y varios contratistas por un presunto esquema de fraude, así como por señalamientos por el uso de fondos asignados para la recuperación del sistema educativo tras el paso del huracán María.

Ramos Parés aseguró, en entrevista previa con El Nuevo Día, que el trabajo que se ha hecho en los últimos cinco años, de la mano con el síndico y Educación federal, ha creado mecanismos que permiten seguir el tracto del dinero y las fases de cada proyecto, lo que no solo mejora la eficiencia sino que dificulta actos de corrupción.