La Cámara de Representantes avaló este jueves legislación para reducir de $15 a $10 las multas de AutoExpresopor insuficiencia de balance. La propuesta, sin embargo, se queda corta frente a su versión original, que proponía disminuir el cargo administrativo a $5, para balancear el impacto presupuestario con el alivio al bolsillo de los conductores.

“Este proyecto es importante porque pagar $15 de multa por un peaje de $1 me parece excesivo. Diez dólares todavía lo es, pero es lo que pudimos acordar para que no impacte los recaudos del gobierno y no haya una excusa posterior para un veto”, expresó el representante José “Cheíto” Hernández, autor del Proyecto de la Cámara 1352.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), fijar la multa en $5 habría generado un recaudo de $20 millones con una pérdida proyectada para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de $9.6 millones, mientras que una tarifa de $10 elevaría los ingresos a $40 millones.

La ACT se había negado a la aprobación de la medida, según radicada, porque su Plan Fiscal certificado contempla $29.6 millones en ingresos por estas infracciones para el año fiscal en curso. Ante ello, fijar la multa en $10 evita cualquier pérdida económica para el Estado, argumentó Hernández, al citar la página 11 del análisis de la OPAL.

“Mi exhortación a la Junta de Control Fiscal es que vea el informe. Está aquí, está presentado; que no vayan a llamarnos por ahí irresponsables o a decir que presentamos las cosas como no son, porque el proceso legislativo se hizo de forma correcta”, añadió Hernández.

A finales de julio, la ACT anunció que, a partir de octubre de 2026, reactivará la imposición de multas a los conductores que utilicen los peajes sin contar con dinero suficiente en sus cuentas de AutoExpreso, una penalidad que fue suspendida, en 2022, tras el ciberataque que sufrió el operador del sistema.

Una vez se reactive el mecanismo, cada conductor que atraviese un peaje sin fondos suficientes en su cuenta de AutoExpreso se expondrá a una multa de $15, a menos que recargue el balance en un término de cinco días o que, para entonces, el proyecto de ley haya sido aprobado por ambas cámaras y haya sido firmado por la gobernadora Jenniffer González.

Al hacer el anuncio, la ACT sostuvo que la medida forma parte de los requisitos incluidos en el Plan Fiscal certificado, así como de los compromisos presupuestarios asumidos por la corporación pública.

Actualmente, la responsabilidad de la operación del sistema de AutoExpreso es compartida entre la ACT y Autopistas Metropolitanas (Metropistas). Como operador de las autopistas con peaje y, según establecido en los contratos de concesión, Metropistas recibe el ingreso de peaje generado por las autopistas. Mientras, la ACT recibe los ingresos generados por multas.

La Cámara también dio paso este jueves al Proyecto de la Cámara 1031, para prohibir el cobro del “promoter fee” y el “venue fee”, así como cualquier otro cargo operacional, ante lo que el autor de la medida, Jorge Navarro, describió como “la reciente incertidumbre administrativa” sobre la eliminación de cargos excesivos en la venta de boletos.

“El precio que se anuncia tiene que ser el precio que se paga”, señaló Navarro. “Nosotros no le estamos prohibiendo a nadie ganar dinero. Aquí, nadie está en contra de la empresa privada. Lo que decimos es que ese costo se meta en el precio del boleto de frente, sin letras chiquitas”.

La medida, que crearía la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos”, enmienda la Ley 209 de 2016 para establecer “claramente” que los costos operacionales de los promotores deben estar integrados en el precio base del boleto y no pueden transferirse al consumidor como un cargo adicional “sorpresa”.

El proyecto define el “promoter fee” como aquel cargo que el promotor u organizador de un evento impone adicional a su compensación regular o precio base del boleto, y que se cobra al consumidor como una partida separada. “Venue fee”, en tanto, significa aquel cargo que se impone al consumidor de forma separada al precio base del boleto bajo el palio de costos de mantenimiento, arrendamiento u operación de la propia facilidad donde se lleva a cabo el espectáculo.

La medida exige incluir todos los cargos operacionales fijos en el precio anunciado. “El proyecto permite incorporar los costos operacionales al precio base. Cada productor podrá calcular sus gastos y fijar el precio del espectáculo”, señaló Navarro, respecto a planteamientos de que su pieza podría afectar la viabilidad de eventos.

Anticipó que el proyecto sufrirá enmiendas en el Senado dirigidas a que las instalaciones municipales, administradas por los ayuntamientos y destinadas a la celebración de espectáculos puedan continuar cobrando un cargo mínimo por su uso, el cual, según Navarro, permite el mantenimiento del espacio.

Ambas medidas fueron aprobadas de forma unánime –con 47 votos– y pasan ahora a la consideración del Senado.