La Cámara de Representantes acordó este jueves aumentar en $766 millones el presupuesto vigente del gobierno de Puerto Rico –ascendente a $13,062 millones– para atender, entre otros asuntos, las reclamaciones de los municipios, el pago de horas extras a los policías y para cumplir con las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De los $766 millones en incremento, $22.8 millones provienen de excedentes de años anteriores del Fondo General y el restante, de sobrantes del presupuesto vigente, explicó el representante Eddie Charbonier, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

“Esto responde a peticiones y situaciones que suceden dentro del gobierno de Puerto Rico que ameritan la intervención y la acción inmediata y rápida de los funcionarios electos”, indicó el legislador por San Juan, durante la discusión de la Resolución Conjunta del Senado 37.

Charbonier explicó que, de los $766 millones, $25 millones estarán dirigidos a obras permanentes en las escuelas públicas, y otros $25 millones al pago de las horas extras a los policías. De esta última partida, $5 millones estarán bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y el restante en manos del Negociado de la Policía.

También, bajo la salvaguarda de la OGP, se destinó una reserva de $250 millones para el plan de salud del gobierno (Plan Vital); $200 millones para atender “incertidumbres fiscales y de recaudos” y una reserva de $229.1 millones “para el sector energético”.

Sobre esta última partida, Charbonier explicó que podría ser utilizada para atender algún imprevisto que pueda surgir en el sistema eléctrico, así como, por ejemplo, sufragar las pensiones de los jubilados de la AEE. “No es para pagar bonos de empleados, es para atender crisis energética, la que fuera. Puede ser la compra de un generador, combustible o sustituir alguna pieza”, especificó.

La resolución –que se aprobó con 50 votos a favor y una abstención– también incluye $5 millones para el Fideicomiso de las Pensiones, $22.8 millones en reposiciones al Fideicomiso de la Reserva de las Pensiones y $5.9 millones para los municipios. Estas partidas, dijo Charbonier, estarán bajo la custodia del Departamento de Hacienda.

Para los municipios, se incluyeron otros $3.5 millones dirigidos al recogido de desperdicios sólidos. “Esta medida va a pasar de inmediato al Senado de Puerto Rico y pasará a La Fortaleza para que, de inmediato, en los próximos días, se esté desembolsando el dinero”, expuso.

Por separado, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, expresó preocupación sobre cómo será distribuida la partida de $5.9 millones en manos de Hacienda, pero afirmó que no solo debe hacerse a la mayor brevedad posible, sino que debe ser entre los municipios en crisis fiscal.

“Eso va a provocar una reunión con el Departamento de Hacienda y con el gobierno de Puerto Rico para trabajar cómo se van a estar distribuyendo”, señaló Hernández, en entrevista con El Nuevo Día.

El también alcalde de Camuy explicó que, en el caso de los $3.5 millones para el recogido de basura, la distribución es mediante fórmula, por lo que se hace entre los 78 municipios. “Hay que ver cuál va a ser la política pública del gobierno, pero deberían ser destinados a los municipios que tengan necesidades apremiantes”, apuntó.

A dos semanas para que finalice el presente año fiscal, los municipios, mencionó Hernández, siguen a la espera de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe el llamado “rescate financiero” de $35 millones que sería distribuido entre los 45 pueblos en apuros económicos.

“Tenemos preocupación porque tenemos muchos municipios que se pueden quedar sin liquidez el 15 de junio”, afirmó. “Eso implica que no habrá dinero para pagar la nómina de los empleados de los municipios que se vean sin liquidez, pero estamos esperanzados que la Junta conteste de aquí a mañana (viernes) esa distribución de fondos”, dijo.

Los $35 millones identificados para inyectarle dinero a los municipios forman parte de un pote de $66 millones que la JSF resguarda desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares y que estaban destinados para que los ayuntamientos crearan consorcios. Ningún alcalde reclamó fondos de ese pote, porque entendieron que los requisitos impuestos por la JSF eran complejos.