La Cámara de Representantes frenó este jueves la votación sobre el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal, debido a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aún no emite su opinión sobre las reprogramaciones económicas propuestas por los legisladores que quedaron fuera del plan de gastos.

Al vencerse este viernes la fecha límite impuesta por la JSF para actuar, la Cámara solicitó una nueva extensión –que fue concedida– hasta el martes, 23 de junio, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Eddie Charbonier. El nuevo presupuesto entra en vigor el 1 de julio.

Agregó que están a la espera, igualmente, de conocer cuáles son las enmiendas que consideran la JSF y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) al presupuesto vigente, que vence el 30 de junio.

“El Senado estaba preparado para ver el presupuesto mañana (viernes) y nosotros para hoy (jueves), pero no nos llegaron unos detalles”, dijo Charbonier. “Las enmiendas al presupuesto vigente se han discutido entre la OGP y la Junta, y yo quiero verlas en papel. Lo que se habla en el pasillo no vale y aquí es lo mismo”, añadió, en medio de los trabajos legislativos del día.

Entre los asuntos pendientes, se encuentra si la JSF aceptará el recorte, de poco más de $4 millones, a la partida de $9.5 millones asignada a la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA). Esta oficina, liderada por la licenciada Verónica Ferraiuoli, está orientada a la implantación y adquisición de tecnología para modernizar las agencias y agilizar los trámites burocráticos.

“Yo moví las partidas para otras cosas; estamos a la espera de lo que la Junta determine”, apuntó Charbonier, al indicar que tanto Ferraiuoli como el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera, defienden la asignación original.

La gobernadora Jenniffer González presentó un presupuesto para el próximo año fiscal, con cargo al Fondo General, ascendente a $13,180 millones. Las mayores partidas –poco más de $6,000 millones– están destinadas al pago de nómina y pensiones (“pay go”).

Mientras, entre los ajustes que parecen estar asegurados, Charbonier mencionó el aumento, de $12 millones a $25 millones, en los fondos de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el mantenimiento de las vías públicas. Asimismo, se contempla la asignación de $20 millones para el programa de Ama de Llaves y otros $15 millones para la adquisición de máquinas de escrutinio.

El paquete de enmiendas también incluye $11.1 millones para la compra de embarcaciones de transporte marítimo, $44 millones para honrar el ajuste salarial de la Policía, $10.5 millones para el arrendamiento de bombas de agua del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el control de inundaciones, y $561 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR). Charbonier indicó, de paso, que la partida de $61 millones adicionales para la UPR no estará bajo la OGP.

Se contempla, igualmente, una reserva de riesgo de $51 millones, una reserva de nómina de $31.6 millones, $15.5 millones para implantar la reforma del servicio público, y $23 millones para la adquisición de tecnología para el programa Medicaid.

Durante la sesión, se aprobaron los proyectos de la Cámara 1261 y 1262, para crear el “Fondo de Reserva para la Estabilización Presupuestaria” y el “Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico”, iniciativas que, según Charbonier, son necesarias para sentar las bases para el regreso del gobierno al mercado de capitales.

Ambas medidas de administración sufrieron enmiendas.

“Hoy, se comienza una nueva etapa (...) para ir pensando en un Puerto Rico post-Promesa”, expuso Charbonier, durante la sesión, en alusión a la ley que creó la JSF. “Con esto, enderezamos el barco”.

Al presentar las legislaciones, Charbonier defendió el establecimiento de un fondo de reserva –de $729 millones–, reconociendo que la practica histórica, en Puerto Rico, ha sido descuadrar el presupuesto “cada vez que surge un problema”. “La reserva se utilizará única y exclusivamente para cuando el gobierno enfrente caídas en sus recaudos y ciclos económicos”, expuso.

Las medidas fueron enmendadas para que el uso de dicha reserva requiera el aval de la Asamblea Legislativa. Esto, dijo Charbonier, garantizaría que el pueblo conozca las razones por las cuales el gobernante de turno tiene que acudir a los fondos y que, al tramitarse mediante resolución conjunta, obligatoriamente cuente con el consentimiento parlamentario.

En el caso del PC 1261, los fondos estarían disponibles exclusivamente para atender problemas críticos de infraestructura, como las recientes fallas detectadas en el Superacueducto. “¿Cómo históricamente el gobierno de Puerto Rico cuadraba estos entuertos, como dirían en el campo? Cogían del fondo ordinario operacional y lo descuadraban”, expuso Charbonier.

“Siendo esto por ley, no va a quedar a discreción del carácter, la buena fe, la mala fe o el buen humor de un gobernante de turno, sino que tiene que haber diálogo y respeto entre las ramas”, subrayó.