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Confrontan a doctora que evaluó a Hermes Ávila Vázquez con confesión de enfermera que aseguró que “él caminaba” cuando se recomendó su salida

La galena se defendió y aseguró que utilizó su “mejor criterio” al evaluar al recluso, pero admitió que nunca leyó los reglamentos relacionados con la Ley 25 de 1992 y se dejó llevar por el diagnóstico de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

29 de mayo de 2024 - 2:02 PM

El panel de médicos que recomendó la salida de Hermes Ávila Vázquez compareció ante las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico y Desarrollo Económico. (Xavier Araújo)

Deborah Arús Rosado, médica de familia de Physician Correctional que evaluó físicamente al feminicida Hermes Ávila Vázquez en 2021 antes de ser excarcelado dos años después por, supuestamente, sufrir una condición incapacitante severa, fue confrontada este miércoles en una vista pública en el Senado por la confesión de una enfermera, quien asegura que “él caminaba” al momento de ser examinado por la doctora.

“La enfermera (Virgen Oquendo Camacho) aceptó, en un escrito, que conocía que el confinado no padecía de las limitaciones que alegaba tener. Y no notificó a nadie porque el confinado así se lo pidió. Si ella lo supo, puede haber más casos así”, planteó el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, José Vargas Vidot.

La confesión de Oquendo Camacho forma parte de la pesquisa interna del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en torno al caso del recluso, quien habría fingido que sufría paraplejia para beneficiarse de un pase médico que le permitía vivir fuera de la cárcel. La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, entregó ese informe a la Asamblea Legislativa como parte del requerimiento de documentos de Ávila Vázquez por parte del presidente del Senado, José Luis Dalmau, el viernes pasado.

“Hay que tomar en consideración la declaración de todas las personas, pero la realidad es que, cuando vi el paciente, el 9 de agosto de 2021, él no caminaba”, contestó Arús Rosado sobre la revelación de la empleada correccional que formaba parte del equipo de trabajo y que da cuenta de un posible error en el diagnóstico que permitió al reo acceder a la libre comunidad.

El senador Vargas Vidot no pudo precisar si la enfermera que hizo la confesión –quien cuidaba al recluso en su dormitorio clínico– se trata de la misma que fue relacionada sentimentalmente con Ávila Vázquez.

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"Muchas cosas posiblemente se pueden cambiar" a raíz de este caso, afirmó Raúl Villalobos.

En su turno de preguntas, la senadora María de Lourdes Santiago sostuvo que “la capacidad clínica de cada uno de ustedes ha sido impugnada” a nivel público.

“Al menos, una persona ha declarado, en la clásica declaración contra intereses: ‘Él caminaba para la fecha en que se realizó el examen que condujo eventualmente a su excarcelación’. Esta es una situación que genera gran preocupación”, planteó la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado.

“Usé mi mejor criterio en ese momento. (…) Tenía una condición incapacitante severa en estado avanzado”, abundó la galena.

Aparte de Arús Rosado, Vargas Vidot citó a los doctores de Physician Correctional que formaron el panel que confirmó la evaluación inicial de recomendar el pase, sin haber examinado físicamente a Ávila Vázquez: Gladys Quiles Santiago, Cristóbal Antrón Ávila, Jeffry González y Pedro Pérez.

“Nosotros hacemos una recomendación médica. Somos meros instrumentos de una estructura médica”, esbozó González, al tiempo que señaló a otras agencias por no hacer su trabajo.

“No tenemos una ganancia de esto ni fuimos presionados. No existe ninguna ganancia o beneficio, inclusive, si (Ávila Vázquez) tenía demandas (contra Physician Correctional)…”, recalcó, por su parte, la doctora Quiles Santiago, quien al momento de la evaluación era la directora de servicios clínicos en el centro médico correccional.

Desconocía los rechazos previos

Arús Rosado también reveló que desconocía que al confinado le habían rechazado el pase médico mediante la aplicación de la Ley 25 de 1992 en otras tres ocasiones y nunca leyó los reglamentos relacionados con las disposiciones de esta legislación. La doctora internista Evelyn Agustini Rodríguez se opuso a que Ávila Vázquez se acogiera al beneficio en 2013, 2015 y 2019, ya que estaba “estable en su condición”, insistió Vargas Vidot.

“En ese momento (en 2022, cuando analizó el expediente), no (conocía de las evaluaciones previas). Me vine a enterar cuando ocurre todo esto (feminicidio de Ivette Joan Meléndez) y revisamos todos los documentos”, respondió Arús Rosado, quien lleva trabajando en los servicios de salud correccional desde 1995.

Ávila Vázquez, quien en 2005 fue sentenciado a 122 años por la muerte de la terapista Celia López García, es imputado del asesinato de Meléndez, reportado el pasado 21 de abril cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. La vista preliminar está pautada para el 3 de junio, en el Tribunal de Arecibo.

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“Está podrido”, expresó un amigo de la mujer sobre Hermes Ávila Vázquez, imputado de asesinarla tras salir de la cárcel en 2023 por una alegada condición de salud, pese a que tenía cadena perpetua en prisión por otro feminicidio.

La médico de familia precisó que, como parte de su evaluación física a Ávila Vázquez, observó algunos documentos que le presentaba el confinado y los “suplidos” de medicamentos recetados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). En 2021, también informó que empleó el “reflejo de buck”, método médico en el que se golpea la rodilla con un martillo.

Incluso, dijo que, en ese entonces, llamó al fisiatra Eduardo Nadal, de la CFSE, quien compartió, en vista pública, hace dos semanas, que “la paraplejia puede mejorar”.

“Nuestra labor se limita a un formulario para que un panel médico vea un caso particular, por una condición terminal o una condición limitante”, expuso Arús Rosado a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que, en conjunto con la de lo Jurídico y Desarrollo Económico, tiene a cargo la investigación sobre la Ley 25 para otorgar pases extendidos por condiciones de salud.

Entretanto, Quiles Santiago indicó que, en 2022, convocó a los doctores que estaban disponibles para evaluar la determinación de Arús Rosado de que la petición de Ávila Vázquez era meritoria. “No tenía ningún médico especialista disponible. Esa es la práctica”, puntualizó.

La doctora agregó que ha participado de los paneles desde 2006. Desde entonces, no ha intervenido ningún especialista en los paneles que evalúan los confinados peticionarios del pase por la Ley 25.

“No se cumplió con la ley”

La vista pública continuó en la tarde con la participación de tres funcionarios correccionales que estuvieron a cargo de evaluar el plan de escape de Ávila Vázquez, así como de monitorear su vigilancia fuera de cárcel.

El director de la Programa de la Comunidad del DCR en la región norte, Efraín Afanador Vázquez, aceptó que no cumplieron con las disposiciones de la Ley 25, que establece que el confinado con el pase extendido sería visitado, al menos, cada 15 días.

“La técnico sociopenal (Julisa Beauchamp) lo visitaba y él venía a la oficina. (…) No se cumplió con la ley porque la ley estipula que hay que hacer unas visitas cada 15 días”, declaró Afanador Vázquez.

Asimismo, detalló que Ávila Vázquez fue visitado cuatro veces a su supuesta casa por Beauchamp y en otras seis ocasiones él fue, en silla de ruedas, a la oficina del programa.

Sin embargo, el senador Vargas Vidot reveló que, de esas cuatro visitas, Ávila Vázquez solo estuvo presente en una de ellas, según la información suministrada por el DCR.

“¿Por qué no se cumplió?, cuestionó el senador Rafael Bernabe Riefkhol, del Movimiento Victoria Ciudadana.

Nosotros estamos haciendo las revisiones porque nosotros hicimos el contacto como hacemos con todos. Tenemos otros que se están viendo cada 15 días”, respondió Afanador Vázquez.

Entretanto, el técnico penal Erick Dávila, quien llevaba dos meses en el cargo cuando evaluó el plan de salida de Ávila Vázquez en febrero de 2023, contó que el referido que recibió decía que se trataba de un caso de la Junta de Libertad Bajo Palabra y no de pase extendido por Ley 25.

Además, sostuvo que desconocía que era una persona que padecía de “paraplejia”, por lo que no tomó en cuenta que el hogar tenía que cumplir con ciertos requerimientos para hacerlo un espacio apto.

En un largo interrogatorio de la senadora Santiago Negrón, Dávila, en casi todas sus respuestas, compartió que desconocía o no recordaba la información, entre ellas, cuál era el tipo de relación con Gladys Torres, quien era la persona que estaría a cargo de recibir fuera de la cárcel al confinado en una casa multifamiliar en Vega Baja.

¿Qué le contó Gladys Torres?”, preguntó la legisladora. “Que sí lo conocía y que lo aceptaba en la vivienda”, respondió Dávila sobre la única información que recuerda obtuvo de ese intercambio con Torres, quien podría ser citada por las comisiones senatoriales.

Ninguno de los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) asistieron a la vista pública.

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