La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó este martes una solicitud de información para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) detallen el estado de siete de 14 unidades de respuesta rápida (“peakers”), adquiridas por el gobierno en 2024.

“En el mes de julio, sufrimos varios apagones y, en varias informaciones que proveían LUMA Energy y Genera PR, decían que se disparaba una generatriz y que se quedaban cientos y miles sin luz porque estábamos trabajando al mínimo. Eso significa que había una necesidad de generación. ¿Qué significa eso? Que, si estas turbinas que el gobierno compró estuvieran funcionando al 100%, no hubieran ocurrido relevos de carga”, dijo el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández.

La semana pasada, durante una vista pública en la Cámara de Representantes, el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés Deliz, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el estado de siete de las 14 unidades “peakers” que, según información que les ha llegado, se encuentran fuera de servicio.

La pesquisa evaluará el uso de los $17 millones anuales asignados a Genera PR para el mantenimiento y operación del equipo.

Las 14 unidades de respuesta rápida ubicadas en las centrales Palo Seco y San Juan fueron instaladas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tras el azote del huracán Fiona (2022). En 2024, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó a la AEE los fondos para adquirir las máquinas, que desde entonces han continuado siendo operadas por Genera PR.

Tras conocerse sobre la investigación del NEPR, Iván Báez, portavoz de Genera PR, indicó: “Vamos a responder responsablemente a cualquier requerimiento de información”.

“Previo a esa compra, dichos generadores estaban operando mediante la modalidad de un servicio y se costeaba con fondos de FEMA. No obstante, el gobierno, luego, decidió comprar los 14 generadores”, señaló, por su parte, el senador José A. Santiago. “Es errática la forma en que ha manejado el gobierno de Puerto Rico todo este problema de la energía en el país, y tenemos que estar muy pendientes de cada detalle”, advirtió.

Mientras, la senadora Ada Álvarez Conde explicó que la petición requiere que la AEE y la AAPP provean copia de cualquier comunicación entre ellas, Genera PR y el NEPR referente a averías, si alguna, reportadas en las unidades. Además, la delegación exigió datos relacionados con el costo total pagado por el mantenimiento o reparación de estas unidades desde su compra.

“Le ponemos la bola en la cancha al gobierno para que el gobierno rinda cuentas, porque parecería que no le importa trabajar el tema energético y que se está zapateando la responsabilidad para que todos sean culpables, excepto ellos”, finalizó Hernández Ortiz.