Desde el 18 de agosto, el Departamento de la Familia ha identificado 110 hogares de cuidado prologando operando con su licencia vencida. De esa cantidad, 99 estaban en proceso de renovar el permiso y los otros 11 no habían hecho los trámites mínimos para estar en cumplimiento.

En esa fecha, precisamente, la agencia promulgó la Orden Administrativa 2026-2, que concedió una amnistía de 90 días para promover que todos los establecimientos de cuido de adultos mayores sin licencia de la agencia iniciaran o completaran el proceso, cumpliendo con los estándares mínimos de operación. Ese plazo culmina el 17 de noviembre.

“La atención de la población de adultos mayores y la previsión de permisos para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para nosotros”, indicó este lunes la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes.

Dicho cuerpo legislativo evalúa la Resolución de la Cámara 258, que investiga la operación sin permiso de centros de cuidado prolongado para adultos mayores. De acuerdo con datos de la agencia, en Puerto Rico, hay 945 establecimientos licenciados para estos fines, donde residen 16,005 adultos mayores.

El Departamento de la Familia actualmente subvenciona el cuido de 6,632 adultos mayores. La partida mensual por esta subvención alcanza los $9.8 millones, detalló la funcionaria. La aportación mensual del gobierno por participante fluctúa entre los $1,900 y $2,150, aunque el tope es de $2,350.

Para el presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, Jonathan Morales Adorno, no es lo mismo un establecimiento que opere de forma clandestina, o sea, que nunca se haya registrado ante el Departamento de la Familia, versus otro que ofrezca servicios con la licencia vencida.

Para la secretaria de la Familia, no obstante, un centro clandestino es “cualquier hogar que opere fuera de la ley”. “La haya tenido, se le haya vencido sobre la marcha, si no tiene una licencia vigente, se convierte automáticamente en un hogar clandestino”, expuso.

“Sabemos que hacen falta los centros, pero también tenemos que hacerles saber a los dueños de estos hogares que tienen que ser responsables con su licencia”, agregó, en tanto, el representante Ricardo Ocasio Ramos, quien presidió los trabajos.

Para Morales Adorno, son varios los factores que inciden en que haya centros operando al margen de la ley, como lo “complejo y costoso” que resulta el proceso de licenciamiento y la falta de inspecciones proactivas por parte del Departamento de la Familia.

A esto, dijo, se suma la alta demanda en servicios ante el envejecimiento de la población, lo que provoca que “algunos recurran a soluciones rápidas sin cumplir con la normativa”, y la ausencia de amnistías o subvenciones para los operadores. El alza en el costo de algunos servicios básicos -como el agua y la luz-, enfatizó, representa un reto para algunos dueños.

Como parte de su ponencia, Morales Adorno recomendó fortalecer el proceso de fiscalización, desarrollar programas de orientación y acompañamiento para personas interesadas en establecer centros de cuidado prolongado y crear campañas de educación dirigidas a que las familias puedan identificar hogares no autorizados.

Propuso, asimismo, clasificar a los hogares licenciados como servicios esenciales y el desarrollo de subvenciones o incentivos. “La industria no puede sola, necesitamos el respaldo del gobierno”, afirmó Morales Adorno.

Por su parte, la doctora Minera Gómez Ramos, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, sostuvo que el país cuenta con la reglamentación necesaria para garantizar la salud y seguridad de este sector de la población, pero destacó que el gobierno tiene que velar por que “se respete el estado de derecho”.

“Los hogares licenciados estamos sujetos a inspecciones continuas, a regulaciones estrictas y a protocolos que no son opcionales”, expuso Gómez Ramos, cuya organización representa a 640 instalaciones licenciadas.

Al respecto, la secretaria de la Familia indicó que la ley mandata inspecciones trimestrales a cada centro de larga duración. Reconoció, sin embargo, retos para cumplir con dicha disposición en la regiones de San Juan y Bayamón, donde se ubican la mayoría de estos establecimientos. En estas regiones, las visitas se realizan cada cuatro a seis meses, mencionó.

Para los dueños de hogares, expuso Gómez Ramos, las instalaciones clandestinas representan, asimismo, una competencia desleal, ya que ofrecen tarifas reducidas que no reflejan los costos reales de un servicio en cumplimiento. Sugirió, como mecanismo disuasivo, que se les prohíba a los proveedores externos ofrecer servicios en una instalación sin licencia vigente.

“El incumplimiento de la licencia no es un detalle administrativo, sino la ausencia de garantías mínimas de vida y dignidad”, aseveró, al agregar que la clausura de los hogares clandestinos debe ser “inmediata”.