Después de múltiples preguntas y de intentar evitar una evaluación sobre la calidad de los servicios médicos a la población penal, la secretaria designada del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Julie O. Gómez Gómez, terminó afirmando que la atención de los servicios de salud está garantizada, ante los insistentes cuestionamientos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Durante la vista legislativa en la que senadores evaluaron su nominación al cargo, Gómez Gómez argumentó inicialmente que evaluar la calidad de la atención médica bajo el término “correctamente” en medio de un “proceso evidenciario” podría afectar el caso judicial que mantiene enfrentados a Physician Correctional y la agencia.

Sin embargo, Rivera Schatz rechazó el argumento. “Entre dar un servicio bien y no darlo no hay puntos medios. Yo quiero saber si el DCR hoy está garantizando los servicios de salud de los confinados, ¿sí o no?”, insistió el líder senatorial, provocando que la nominada se limitara a responder: “Estamos implementando una política para asegurarlo”.

“Irrespectivamente, si lo están haciendo de la manera que lo estén haciendo, un contrato se cancela si usted lo quiere cancelar. No hay contrato en el gobierno que no tenga una cláusula para cancelacion, irrespectivamente lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, así que eso no afecta judicialmente”, subrayó Rivera Schatz.

El 15 de julio del año pasado, Physician Correctional demandó al gobierno de Jenniffer González para impedir la cancelación, que considera “arbitraria e ilegal”, al alegar que la movida responde a “discrimen político” por su apoyo a Pedro Pierluisi durante la pasada campaña primarista. La empresa aportó prueba sobre la afiliación política de su presidente, Raúl Villalobos, y su apoyo al exgobernador.

A más de un año de la notificación, el gobierno se encuentra evaluando posibles sustitutos. “Y, entonces, hoy no sabemos qué va a pasar. La salud correccional no puede estar sujeta a los caprichos o a promesas de campaña o a las venganzas personales o a las agendas particulares o a los cabilderos o a nada que no sea el asegurarnos de tener a la gente correcta prestando el servicio”, subrayó Rivera Schatz.

El desempeño de Physician Correctional comenzó a ser cuestionado desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y, supuestamente, ser evaluado por un panel médico.

En un aparte con la prensa, el líder legislativo reconoció la magnitud de la tragedia que llevó a que se cuestionara a Physician Correctional como proveedor, pero afirmó que no es correcto que la excarcelación de Ávila Vázquez haya sido responsabilidad única de la empresa. Asimismo, agregó que no ha escuchado quejas de la población penal sobre los servicios y que, por el contrario, ha visto estudios que demuestran que los confinados están “contentos” con “la inmensa mayoría” de estos.

Gómez Gómez fue designada al cargo tras la renuncia de Francisco A. Quiñones Rivera, contra quien pesan cinco querellas por acoso laboral y sexual.

Durante la audiencia pública, Gómez Gómez presentó su plan de trabajo que, según explicó, está orientado en la rehabilitación moral y social de los confinados, así como en su reincorporación efectiva en la sociedad.

La primera fase, que debe estar completada para diciembre de 2026, incluye una radiografía de la agencia para conocer su situación actual y validar que los servicios que recibe la población bajo su custodia son adecuados. Dicha evaluación incluye una revisión de los planes de alimentación, así como de mantenimiento a la infraestructura.

Completado ese paso, el próximo año natural el enfoque estará -entre otras cosas- en reforzar los protocolos operacionales dentro de las instituciones y modernizar los procesos internos dirigidos a promover un ambiente de eficiencia, calidad y maximización de los recursos.

“Finalmente, en el plano rehabilitativo, orientaremos los programas del Departamento hacia la transformación real de la persona privada de libertad, de modo que la oferta de servicios responda a las necesidades concretas de quien los recibe y no a un mero cumplimiento formal”, señaló.

Actualmente, el DCR sirve a una población de 7,216 adultos privados de libertad y a 69 menores transgresores. Mientras, la agencia cuenta con 5,329 empleados activos. De estos, 4,038 pertenecen al cuerpo de custodia y seguridad, y 1,291 son trabajadores civiles.

Una tercera y última fase estaría dirigida a establecer métricas, de manera que las decisiones descansen en información y no en impresiones. En esa misma línea, la funcionaria se comprometió a mantener un proceso de rendición de cuentas sobre el estado de las instituciones y el progreso de las labores rehabilitativas.

A preguntas de senadores, Gómez Gómez no pudo precisar qué porción del presupuesto de $461 millones de la agencia son utilizados en los programas educativos. Tampoco pudo certificar que la cifra que le adeudan a los oficiales de custodia en pago retroactivo por concepto de la Ley 91-2022 sea, en efecto, de $112 millones.

Aseguró, de otra parte, que actualmente no tiene ante su consideración un plan para la transferencia de confinados a Estados Unidos.

“Usted tiene mi voto de confianza. Estoy seguro que usted va a hacer un buen trabajo. Tiene un equipo allá adentro de gente que está comprometida, que se sacrifica largas horas...lo que le pido es que no le fallemos ni a Puerto Rico ni a la población penal”, dijo Rivera Schatz.

La designada ingresó al servicio público en el 1999 como técnico de servicios sociopenales, aunque a través de los años ocupó otros cargos dentro de la agencia. Al momento de su designación, dirigía la Oficina de Asuntos Legales y Contratos del Departamento de Estado.

Gómez Gómez tiene un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Asimismo, cuenta con un doctorado en Educación con concentración en Liderazgo Organizacional de Nova Southern University. Su preparación académica incluye también una maestría en Planificación.