La renuncia del ahora saliente secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, se produjo a petición de la gobernadora Jenniffer González, a raíz de las cinco querellas que enfrenta por acoso laboral y sexual, así como la insatisfacción con sus ejecutorias.

A un día de que se oficialice la salida de Quiñones Rivera, González elogió a la designada para sustituirle en el cargo, la licenciada Julie O. Gómez, en quien confía para poner en vigor compromisos programáticos, como la salida de la empresa Physician Correctional, que administra el sistema de salud en las cárceles.

“La política pública de nuestra administración está en la plataforma de gobierno. Habla específicamente de buscar la rehabilitación y la reinserción de los confinados en la sociedad. Eso, para mí es bien importante y eso se tiene que cumplir porque está en la plataforma”, subrayó la mandataria, quien reveló que se reunió con Quiñones Rivera el viernes y, en ese momento, recibió su carta de dimisión.

La gobernadora se mostró confiada en que lo primero que haga Gómez, al llegar a la jefatura del DCR el jueves, sea proceder con la cancelación definitiva del contrato con Physician Correctional, que es representada por la firma de cabildeo Politank, empresa que, hasta diciembre de 2025, era propiedad del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

“(Que) se haga la subasta correspondiente para el reemplazo de qué compañía vaya a dar los servicios, que no sea esta que lanzó a la calle a una persona que privó de la vida a una persona inocente, y que eso ha sido altamente discutido hasta en el proceso electoral”, dijo González sobre el caso del feminicida Hermes Ávila Vázquez.

Physician Correctional está bajo escrutinio desde 2024 por autorizar un pase extendido de salud por un supuesto diagnóstico de paraplejia a Ávila Vázquez, quien luego asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega. La gobernadora incluyó en su programa de gobierno la cancelación del acuerdo.

El contrato de Physician –con vigencia hasta 2028– ha estado sobre la balanza desde el año pasado, cuando el DCR inició un proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) en busca de un sustituto. El RFP, sin embargo, quedó en suspenso en julio, cuando el Tribunal de San Juan ordenó la paralización tras acoger un recurso de Physician que reclamó que primero se dilucide la demanda sobre presuntos incumplimientos contractuales.

Por varias semanas antes de su renuncia, Quiñones Rivera no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día para abordar el futuro del contrato de Physician.

“Fui bien clara y específica de la cancelación del contrato de Physician Correctional, que lleva más de un año y todavía al día de hoy sigue ahí. Y yo creo que hay que tomar las decisiones y yo di esa instrucción desde el día uno de mi gobernación y todavía, el día dos, no ha ocurrido”, sentenció la primera ejecutiva.

Quiñones Rivera enfrenta cinco denuncias, aun bajo investigación, por supuesto acoso sexual y laboral en el DCR. La mandataria había designado al funcionario a un puesto como juez superior, pero lo retiró a finales de la pasada sesión ordinaria, en junio, ante el rechazo expreso del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Yo creo que hay múltiples querellas, que todos ustedes vieron, y me parecía insostenible mantener la secretario”, agregó.

En medio de las denuncias e investigaciones, La Fortaleza, previo a aceptarle la renuncia, informó que Quiñones Rivera se reunió con el secretario de la Gobernación para discutir el asunto, pero no reveló los pormenores.

La renuncia de Quiñones Rivera fue anunciada el lunes, en un comunicado de prensa en el que también se informó sobre la designación de Gómez, quien por haber sido nominada fuera de la sesión legislativa puede comenzar de inmediato a ejercer el cargo.

Gómez fue técnica de servicio sociopenal I y II, lo que la llevó a trabajar directamente con la población correccional, experiencia que fue elogiada por La Fortaleza. Además, se desempeñó como directora legal de la Oficina de Asuntos Legales del DCR y del Departamento de Estado.

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El reportero Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.